Corte Suprema acoge recurso de protección y ordena clausura del galpón Víctor Jara

Autor: La Tercera

El fallo indica que el recinto "nunca ha obtenido permiso de edificación definitivo ni resolución final por parte de la municipalidad de Santiago".

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección de vecinos del barrio Brasil y ordenó el cierre del galpón Víctor Jara, tras dilucidar una serie de irregularidades en el funcionamiento del local. 

En fallo unánime, los ministros del máximo tribunal, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Haroldo Brito, María Eugenia Sandoval y el abogado Guillermo Piedrabuena, acogieron la acción de los vecinos de calle Huérfanos.

Según el documento, el centro cultural “nunca ha obtenido permiso de edificación definitivo ni resolución final por parte de la municipalidad de Santiago y por lo tanto, lo privó de patente de alcoholes que le había otorgado e incluso en 2008 decretó la inhabilidad de la propiedad porque el permiso provisorio de edificación estaba vencido”.

En 2012, el alcalde de ese entonces, Pablo Zalaquett presentó una denuncia ante el Juzgado de Policía local de Santiago para solicitar el cierre del establecimiento, pero nunca se concretó el cese. 

“Ha predominando el abuso de parte de los propietarios del “Galpón Víctor Jara”, quienes han aprovechado la falta de decisión de la Municipalidad recurrida para hacer cumplir las medidas dispuestas por ella misma y hacer regir el estado de derecho, todo lo cual constituye un omisión ilegal del ente edilicio denunciado”, se indica en la sentencia.

Asimismo, el fallo señala que “el comportamiento de la Municipalidad aludida ha permitido que los propietarios del inmueble ubicado en calle Huérfanos 2146 de la comuna de Santiago lo exploten comercialmente sin los permisos o autorizaciones legales vulnerando expresamente disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y  afectando de este modo el derecho a la integridad física y psíquica de los actores, que son vecinos del sector, quienes pueden verse afectados por posibles defectos de construcción de un establecimiento comercial que opera al margen de la ley”.

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