Despacho de ley de transferencias da luz verde a elección de gobernadores

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Norma que otorga poder a las regiones era prerrequisito para tener comicios en octubre de 2020. Por ahora, nuevas atribuciones se pondrán en práctica a partir de 2018 con los actuales intendentes designados.




Luego de años de tramitación y varios meses en comisión mixta, finalmente la ley de fortalecimiento de la Regionalización- o de transferencias de competencias- desde el Estado a las regiones, fue ratificada por unanimidad y despachada por la Cámara de Diputados.

Su aprobación dio luz verde definitiva a la primera elección popular de los gobernadores regionales (hoy intendentes designados), la que se efectuará en octubre de 2020 junto a las elecciones de alcaldes y concejales.

Según la reforma constitucional, aprobada el año pasado, la elección popular de estos cargos sería viable sólo si previamente se aprobaba la ley de transferencias de competencias, condición que finalmente se cumplió hoy. Además se aprobó un segundo proyecto, el de la ley orgánica constitucional que hace operativa la ley de elección de gobernadores, quedando pendiente solo el artículo sobre la duración del periodo de los consejeros regionales, el que pasó a comisión mixta para su resolución.

"Es un día histórico, lo llamamos aquí en la Cámara el súper martes de la regionalización. Hubiésemos querido que la elección fuera este año, pero no se pudo por una serie de resistencias, pero ya es un hecho que se hará en 2020. Además con esto se despeja la critica de quienes decían que íbamos elegir gobernadores sin competencias ni atribuciones", señaló el diputado Marcelo Chávez, presidente de la Comisión de Gobierno Interior.

Heinrich von Baer, titular de la Fundación Chile Descentralizado, valoró el mecanismo gradual de traspaso de competencias desde el Estado a las regiones y lo consideró "un piso perfeccionable a futuro, pero mucho mejor que nada. Para nosotros es un día de fiesta que hemos esperado por años, en que los propios gobiernos regionales podrán además solicitar las competencias que requieran al Estado para desarrollarse".

Así lo confirmó también Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional, quien señaló que a la ley solo le falta el trámite preventivo de constitucionalidad para su promulgación por parte de la Presidenta en enero, probablemente, o antes de que termine su mandato para su puesta en marcha en 2018.

"Vamos a empezar a construir esta nueva administración de las regiones antes de que llegue la figura del gobernador, para eso tenemos tres años hasta que eso ocurra. Por mientras se irá adquiriendo la experiencia en esta nuevo modelo para que cuando el gobernador electo llegue tengamos una institucionalidad robusta en su funcionamiento", explicó.

Atribuciones

El subsecretario agregó que con los intendentes designados aún en funciones, se iniciará el traspaso de competencias, mediante un decreto presidencial a regiones se podrán luego ir solicitando nuevas.

Además se crearán en los gobiernos regionales las nuevas divisiones de fomento productivo, de desarrollo social, infraestructura y territorio; se podrá tomar decisiones con respecto al transporte o las basuras en forma integrada.

También se iniciará la creación de un plan regional de ordenamiento territorial, una especie de plan regulador, "el cual podría durar dos o tres años en su elaboración por lo que creo que debe ser una decisión que tome la autoridad electa, para que ese plan sea muy validado socialmente por los ciudadanos".

Lo complejo, en opinión de Esteban Valenzuela, ex titular de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, es qué tan regionlista será el próximo gobierno, "pues las transferencias que pueden ser pedidas por cada región se posponen para 2022, quedando el proceso en manos de la voluntad del Ejecutivo".

Según el investigador en temas de descentralización de la Fundación Piensa, Guillermo Pérez, "habría que extender en el tiempo las atribuciones del gobernador hacia otras áreas como el transporte, bajo el concepto de un contrato con el Estado que entregue capacidades al gobierno regional".

Por su parte el senador Alberto Espina, integrante de la Comisión de Gobierno, y también de la comisión mixta que elaboró el informe votado hoy, señaló que "en este proyecto hay materias que resultan extraordinariamente confusas, y espero que en el próximo gobierno las podamos resolver, porque de lo contrario esto se va a judicializar", precisó.

Artículo en discusión

Sobre la ley orgánica que regulará el proceso, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, puntualizó que solo falta que la comisión mixta nombrada hoy "defina cuándo hacemos el ajuste del período de los Cores, si ahora o en el 2021. Nuestra opción es ahora, pero estamos dispuestos a un acuerdo".

Esto porque quedó establecido que la primera elección de gobernadores coincidiría con las elecciones de alcaldes y concejales en 2020. Esto significaría acortar el actual periodo de los Cores electos el 19 de noviembre pasado, de cuatro años a solo 2 años 9 meses, lo que fue rechazado hoy en la cámara transversalmente.

"Esperamos que la comisión mixta entre en razón. Es un despropósito acortarnos el período porque la gente votó por Cores por cuatro años en la última votación. De lo contrario, acudiremos al Tribunal Constitucional reclamar", señaló Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales.

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