Señor director:

El Presidente anunció el pronto despacho de un proyecto de ley que establece un bono solidario de alimentos dirigido a las familias de mayor vulnerabilidad. Este consiste en $ 40 mil por familia más $ 7.500 adicional por cada hijo, y sus beneficiarios serían más de seis millones de personas, el equivalente  a cerca de 1,7 millón de familias.

Las condiciones objetivas ameritaban una medida correcta y adecuada. La inflación general en los últimos 12 meses llega al 3,5% (abril a abril), mientras que los alimentos, por ejemplo, exhiben un alza del 8,4%.

La familia chilena destina un porcentaje de su presupuesto a comprar alimentos. Según la canasta referencial de cálculo del IPC, la división de alimentos tiene una ponderación de casi 19%. El problema es que las familias más pobres destinan una proporción mucho mayor al ítem alimentos en comparación con una familia de ingresos altos. Las estimaciones revelan que cerca del 37% del presupuesto del grupo social de menores recursos se va a comida, en tanto que para las familias del quintil más rico esa proporción es menor al 15%. Esto hace que un aumento en algo tan básico como la alimentación signifique un desajuste importante en la economía familiar de los más vulnerables, puesto que son ellos los que destinan una mayor fracción de sus escasos ingresos a gastos de alimentación. Esto, a su vez, los obliga a recortar otros ítems, y finalmente disminuye con mayor fuerza su poder adquisitivo.

Patricio Ramírez R.

Director Ingeniería Comercial

Universidad Autónoma