Tras casi dos años de tramitación en el Congreso, se aprobó la ley que termina con la administración municipal de la educación pública. Sin embargo, es discutible que sea un logro.

El proyecto no resuelve aspectos esenciales en donde había un amplio acuerdo técnico. Por ejemplo, quién será el responsable final por los resultados educativos de los establecimientos públicos. Por otro lado, en lugar de despolitizar la gestión y dar mayor autonomía a los directores de las escuelas, se centraliza la gestión al punto que será el Presidente de la República quien nombre a las máximas cabezas de los nuevos Servicios Locales de Educación. Al mismo tiempo, se multiplica la burocracia con múltiples instancias y se crean estudiantes de primera y segunda clase al generar un trato preferente basado en el tipo de colegio que asiste.

De este modo, gradualmente se terminará con la administración municipal, que con todos sus problemas, fue parte de un sistema que permitió que Chile fuera uno de los países que más rápido avanzó en calidad y equidad en los últimos años. La implementación gradual de esta nueva institucionalidad permitirá evaluar si los cambios aprobados logran mantener (o acelerar) esa trayectoria o bien se invertirán gigantescos recursos -al menos $ 880 mil millones adicionales entre 2020 y 2025, además de préstamos estatales a municipios para que cubran deudas, los que difícilmente serán restituidos- que no tendrán mayor impacto en aprendizajes. Si sucede lo segundo, se habrá perdido la oportunidad de perfeccionar un sistema que sí dio resultados.