El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a una red de 14 personas y 25 compañías de Colombia, España y Holanda, por su supuesta vinculación con el narcotráfico, en concreto con el cartel de Cali.

Las sanciones, según el Departamento del Tesoro, implica la congelación de los activos de estas personas y empresas en territorio estadounidense, así como la prohibición de hacer transacciones con entidades financieras de EEUU.

La investigación estadounidense incluye a un grupo de diez empresas localizadas en la provincia de Málaga, y vinculadas con los españoles Laureano Ramos Rodríguez y Marco José Fernández Montero, a quien el Tesoro considera socios financieros clave de la red.

A ellas se unen otras seis empresas vinculadas al colombiano Hernando Mejía Uribe, que ejerce de enlace entre la trama española, la holandesa y la colombiana, según las autoridades.

A todos ellos, se les acusa de prestar apoyo Gilberto Rodríguez Orejuela, el cabecilla del cartel narcotraficante de Cali.

La trama desvelada hoy "demuestra los esfuerzos enormes que la familia Rodríguez Orejuela ha hecho para esconder sus activos, y el compromiso de las autoridades durante casi quince años para exponer y bloquear los activos de tráfico de drogas y lavado de dinero", dijo hoy Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).

Esta agencia, del Departamento del Tesoro, sostiene que el colombiano Hernando Mejía Uribe "es el cabecilla de esta red de colombianos y españoles que colaboraron para ocultar activos pertenecientes a miembros de la familia de los cabecillas del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela".

Mejía, según el Departamento del Tesoro, "ha sido un colaborador de los Rodríguez por un largo tiempo y controlaba numerosas propiedades pertenecientes a miembros de la familia Rodríguez".

El colombiano fue arrestado en su país en febrero pasad junto con los hijos de Gilberto Rodríguez Orejuela: Humberto, Jaime y María Alexandra Rodríguez Mondragón, quienes fueron acusados de lavado de dinero.

Otros colombianos mencionados en el anuncio de hoy incluyen a la esposa de Mejía, María Emma Botero Aristizábal, los abogados Luis Carlos Camboa Morales y Luis Gonzalo Baena Cárdenas, y los contables Inmaculada Díaz Chacón y Sixto Parra Millares.

Según el gobierno estadounidense, Mejía posee o controla numerosas empresas colombianas ubicadas principalmente en Cartagena, como Inversiones El Progreso, Euromar Caribe, e Inversiones Lamarc.

Entre las empresas en España mencionadas por el anuncio se cuentan General de Obras y Alquileres y Proyecto Empresarial Costa Arena, ambas en Marbella, a las que se unen Gestión de Administraciones SIP, Laureano Ramos Gabinete Técnico, y Patrimonio de Gestión y Administración SIP, todas en Fuengirola.

Asimismo la OFAC designó para sanciones las empresas Hormac Planning, Quantica Project, y Tracking Innovations (San Pedro de Alcántara), y SIP Consultancy Services y Servicios de Control Integral Facilities Management (Campanillas).