"ES EL AVANCE legislativo en energía más importante de los últimos ocho años", señaló el ministro Jorge Bunster. Aun cuando se enmarca dentro del gusto por la hipérbole del gobierno, que recién comenzando dijo que en 20 días había hecho más que la Concertación en 20 años, en este caso no deja de tener razón que se trata de un importante logro el acuerdo parlamentario que ha permitido destrabar la ley que agilizará las concesiones eléctricas y promoverá las energías renovables.

Aprovechando el impulso, se ha puesto por objetivo algo que suena muy bien: resucitar el mapa de los lugares posibles para instalar centrales termoeléctricas. En un principio este mapa se referiría a todo tipo de centrales, si mal no recuerdo. Ahora, sabiamente, se ha acotado sólo a las termoeléctricas. Alguien se dio cuenta de que la energía de los vientos, del agua y del sol requiere ser generada en lugares determinados, y no donde algún planificador lo decida.

Para las termoeléctricas hay algo más de margen. Cumpliendo ciertas condiciones, sí podría definirse un ordenamiento territorial que regule su ubicación. Parece una buena idea, y de hecho, ya recibió el apoyo de la gran minería. Pero hay que pensarlo bien.

En primer lugar, esto del semáforo que diga dónde se puede instalar una central es técnicamente difícil y políticamente costoso. Un gobierno, de cualquier color, podrá definir fácilmente dónde no poner una central. Las luces rojas y las amarillas son relativamente obvias. Pero cuando llegue a las luces verdes se la va a pensar dos veces. Cualquier gobierno que defina los lugares óptimos señalando donde sí pueden instalarse centrales termoeléctricas, va a contar con un fuerte rechazo de la comunidad y expondrá al Servicio de Evaluación Ambiental a un difícil proceso de calificación ambiental (¿cómo podrá evaluar, si ya está preaprobado?).

Lo mismo podríamos decir de otros proyectos que generan fuerte rechazo en la comunidad: cárceles, rellenos sanitarios, tranques de relave, entre otros. Suena sugerente la noción del ordenamiento territorial, pero es hora de darnos cuenta de que la planificación tiene límites. Es muy necesaria para las ciudades y para preservar ciertos patrimonios, como los parques nacionales, el borde costero, sitios históricos u otros. Pero pensar que se puede planificar todo el territorio, es un sueño kafkiano.

Para regular los impactos que ciertas fuentes generan, se requieren buenas normas de emisión. Para preservar la salud de la población, buenas normas de calidad ambiental. Para permitir que los proyectos de inversión se desarrollen, necesitamos que las comunidades donde ellos se ubican reciban no sólo los costos sociales (contaminación, molestias, olores, etc.), sino también algunos beneficios. De lo contrario, estamos en una situación de inequidad territorial que ni el mejor planificador es capaz de resolver. Las termoeléctricas, por ejemplo, pagan el grueso de su patente municipal no donde producen las emisiones, sino donde trabajan sus empleados. O sea, no en Mejillones, Tocopilla o Renca, sino en Las Condes.

Un semáforo que ordene las actividades que producen externalidades negativas puede ser una buena idea, para un gobierno que esté dispuesto a asumir fuertes costos políticos. Como eso es difícil que ocurra, parece necesario antes revisar cómo se distribuyen los costos y los beneficios de ciertas actividades.