Philippe Martínez era hasta hace unos meses, un total desconocido en la escena política francesa. Sin embargo, el debate que gatilló el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno socialista ha convertido al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el principal líder de la oposición, al punto que tiene acorralados al Presidente Francois Hollande, y al primer ministro, Manuel Valls.

Hijo de inmigrantes españoles, nació en abril de 1961. Estudió Formación Profesional y a los 21 años empezó a trabajar como técnico de logística en la central de la automotora Renault. Dos años después se afilió a la CGT, el sindicato más antiguo de Francia con 600 mil afiliados, como también lo habían hecho sus padres y la gran mayoría de los miembros del Partido Comunista, en el que también militó hasta 2002.

Llegó al liderazgo de la CGT  luego de la renuncia de Thierry Lepaon en enero de 2015, debido al escándalo por los gastos irregulares durante su mandato. Desde entonces, con su bigote caído, cejas tupidas y ceño fruncido ha adoptado una línea dura respecto de las políticas del actual gobierno. "Cada vez hay más pobres en Europa y, en cambio, los dividendos de las grandes empresas crecen. Hacen dinero a base de la miseria del mundo. Nosotros seguiremos protestando", ha  dicho,  según consigna el diario español El País.

Según el diario Le Figaro, el debate de la controvertida reforma laboral revivió a la debilitada CGT, tras cinco años de luchas internas. Ante lo cual, Martínez adoptó una línea dura que le permite cumplir con los activistas.

La reforma -que había sido exigida por Bruselas durante años- incluye medidas que destruyen principios considerados básicos por la izquierda francesa, como más flexibilidad a las cláusulas para contratar y justificar un despido de trabajadores, en un intento por contrarrestar el desempleo que ronda el 10,2%. Según la agencia France Presse, una caída en las ventas o la pérdida de explotación serían causales suficientes para despedir al personal de una empresa.

En cuanto a las indemnizaciones, éstas registran una rebaja general. De cuatro a tres meses de sueldo si la antigüedad del trabajador es inferior a dos años. Y de 27 a 15 meses si supera los 20 años.

Si bien el proyecto no suprime la ley de la jornada laboral de 35 horas semanales, el gobierno da amplias posibilidades a las empresas para que se salten ese límite en caso de reestructuraciones, apertura de nuevos mercados o "causas excepcionales". En cuanto a las horas extras, se pueden pagar a menor valor que el acuerdo sectorial siempre que la empresa y el comité sindical lo acepten. También podrán pactarse bajadas salariales.

Como norma general, los acuerdos adoptados en el seno de las empresas, entre los propietarios y los representantes de los trabajadores, estarán por encima de los pactos sectoriales o incluso de los contratos individuales.

Según el gobierno, la ley dará mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. Sus detractores consideran, en cambio, que aumentará la precariedad laboral y critican en particular su artículo 2, que da primacía a los acuerdos de empresa sobre las negociaciones por ramas profesionales. Valls ya afirmó que ese artículo no se modificará y que Hollande respaldó su determinación. El proyecto tiene profundamente dividida a la izquierda. Ante esto, el gobierno recurrió a un instrumento constitucional que le permite aprobar la ley sin recurrir a un voto en la Cámara de Diputados, antes de que sea tramitada en el Senado.

El miércoles las paralizaciones se extendieron a las 19 centrales nucleares, que aseguran el 75% del aprovisionamiento eléctrico del país. Los activistas sindicales bloquearon puentes, mientras que los conductores de trenes y los controladores aéreos cesaron sus actividades. Los sindicatos convocaron para el martes 14 de junio a una concentración única en París. Se trata de la novena jornada de protesta por el proyecto de ley en tres meses. El bloqueo de refinerías y depósitos de petróleo obligó al gobierno  a usar  sus reservas estratégicas de carburantes ante el creciente desabastecimiento en las gasolineras. De hecho, cinco de las ocho refinerías de petróleo permanecían bloqueadas o funcionaban muy por debajo de su capacidad. La crisis se produce a casi dos semanas de que se realice la Eurocopa que podría transformarse en un caos.

"Me acuerdo de Mayo del 68 y puedo decirle que la escasez no es ninguna broma y que estoy tomando precauciones", dijo a AFP, Viviane, una jubilada de 66 años.