En los estados venezolanos que comparten frontera con Colombia ha aumentado la preocupación por las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en el país el próximo 6 de diciembre. Esto, porque el lunes el gobierno venezolano prorrogó por 60 días el estado de excepción en los pasos fronterizos que integran municipios del estado de Zulia y Apure, fronterizos con Colombia.

Desde la crisis fronteriza de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro mantiene bajo estado de excepción 10 municipios de Táchira, 10 de Zulia, tres de Apure y uno de Amazonas.

El 19 de agosto Maduro activó el estado de excepción  tras cerrar los pasos fronterizos con Táchira por una presunta “emboscada” de “paramilitares y contrabandistas colombianos” contra efectivos venezolanos, que dejó a tres efectivos heridos de bala, según explicó en ese momento el mandatario.

La extensión de la medida ha generado incertidumbre en el marco del proceso electoral, ya que los efectos de la orden se prolongarán hasta el 21 de diciembre. Es decir, dos semanas después de las elecciones en las que la oposición es clara favorita.

La suspensión de algunas garantías constitucionales no sólo estarán vigentes el día de las elecciones legislativas, sino que también en lo que queda de campaña, que se inició el 13 de noviembre y termina el 3 de diciembre.

En teoría, el derecho a la participación, el voto y el acceso a la función pública no están restringidos por la ley, y los habitantes de esos municipios sí podrán participar de los comicios.

Sin embargo, los derechos al libre tránsito y a las concentraciones públicas están suspendidas, lo que algunos analistas estiman que sí afectará la normalidad de los sufragios.

Por ejemplo, cualquier reunión de más de cinco personas debe obtener permiso de las autoridades militares para llevarse a cabo.

Por otro lado, el diario venezolano El Nacional calcula  que debido a esta medida se desplazó a 10.000 personas con cédula venezolana para votar el 6 de diciembre, hacia el lado colombiano y se ignora si podrán participar o no en los comicios.

“Estas medidas se tomaron para achacar a Colombia los problemas del país y limitar la actividad electoral de la oposición de cara a los comicios, porque lo que se le viene al gobierno es un tsunami electoral en la zona fronteriza”, aseguró al diario español El País, el ex diputado venezolano Walter Márquez, quien denunciará la situación de Táchira ante la Corte Penal Internacional.

La presidenta del Comité Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró durante un simulacro electoral realizado el 18 de octubre que el proceso electoral en estos municipios será completamente normal, pero los candidatos locales no están de acuerdo con Lucena.

Según Laidy Gómez, candidata a diputada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), en el circuito 1 del Estado de Táchira, la militarización trajo a la zona tres contratiempos para la campaña electoral: denuncias de saqueos durante allanamientos sin orden judicial, merma del 75% de la actividad comercial y un toque de queda.

El oficialismo venezolano llega a las elecciones legislativas en desventaja: la mayoría de las encuestas pronostican un amplio triunfo de la oposición, reunida en la MUD.

Según un sondeo publicado ayer por Datanalisis, el 63,2% de los electores tiene intención de votar por la oposición, es decir 35 puntos más que los que afirman que votarán por los candidatos chavistas.