Fiscal de Temuco acusa a Inteligencia de Carabineros de montaje en el marco de Operación Huracán

El jefe de Alta Complejidad Luis Arroyo se querelló en contra de funcionarios de la Dirección de Inteligencia asegurando que inventaron filtraciones desde el Ministerio Público para perjudicarlo tras no haber accedido a medidas fuera de la ley en la indagatoria por atentados terroristas en la zona.

El Ministerio Público deberá investigar acusaciones cruzadas que enfrentan hoy por hoy a Carabineros y a los fiscales de la Araucanía.

Esto luego que el fiscal jefe de Alta Complejidad de esa zona, Luis Arroyo, presentara, a título personal, una querella contra los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) acusándolos de haber realizado un montaje de pruebas para acusar a una de sus abogadas asistente de supuestas filtraciones a un imputado de la denominada Operación Huracán en que se detuvo a una decena de comuneros mapuches, luego que la policía uniformada utilizara mecanismos de la Ley de Inteligencia.

Arroyo señala en la acción judicial, acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Temuco, que el 26 de diciembre del año pasado fue notificado de una investigación en contra de su abogada asistente Mónica Palma por el presunto delito de obstrucción a la investigación y en el que se indaga un supuesto encubrimiento que él habría hecho de esta situación por supuestamente mantener una relación sentimental con la funcionaria.

Agrega que la investigación tiene origen en el oficio N°202 de fecha 11 de diciembre de 2017 en que la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, comandada por el general inspector Gonzalo Blu, le remitió al fiscal nacional Jorge Abbott dando cuenta que tras invocar la Ley de Inteligencia se obtuvo mensajes de la abogada quien habría entregado a un tercero el 16 de septiembre de 2017 información que llevgó a manos de miembros de la CAM, violando el secreto de información de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía.

Hace dos semanas “El Mercurio” publicó sobre esta denuncia que hizo Carabineros al Ministerio Público, y que incluía a un supuesto funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI),  situación que el fiscal Arroyo pide también sea investigada pues asegura que quienes filtraron esa información lo hicieron con el ánimo de perjudicar su carrera.

 Arroyo asegura que todo se trata de un montaje de pruebas por parte de policías de Inteligencia luego que él no accediera a herramientas fuera de la ley para obtener éxitos en investigaciones de la zona sobre violencia rural como los policías le habrían sugerido.

De  el porqué de esta situación en su contra, el Jefe de Alta Complejidad  lo explica asegurando que se busca “crear un daño irreparable a mi imagen, credibilidad y seriedad profesional, dado el cargo que ostento, al igual a la institución que pertenezco, quizás con la intención de hacerme a un lado a las investigaciones que dirijo, y a la vez, justificar el fracaso en sus operaciones investigativas”.

Acto seguido explica que él no se caracteriza por ser un profesional llano a realizar “cualquier diligencia investigativa o medida intrusiva sin cuestionar las formas ni medios a través de las cuales se obtiene la información en que éstas se fundan” y que este estándar “es aún más patente en el ámbito de los elitos de violencia rural a mi cargo, siendo aún mayores las diligencias del día a día que se imponen en la dirección de investigaciones penales (…) en la búsqueda de un trabajo investigativo de calidad, no he estado dispuesto a aceptar errores y omisiones en el trabajo investigativo y exijo apego irrestricto a las normas y garantías legales y constitucionales en cada diligencia”.

Cuestionamientos a Dipolcar

“El oficio policial dice (que la situación de la abogada asistente) podría haber estado en mi conocimiento, habiéndome inhibido de adoptar acciones en contra de dicho abogado por mantener una relación sentimental con ella”, dice Arroyo en su querella. Y agrega, “para sustentar dicha imputación injuriosa, se agrega en el oficio N°202, la aparente transcripción de supuestas conversaciones vía mensajería Whatsapp entre la abogada Palma Martínez y el suscrito, que habrían tenido lugar los días 20 de octubre de 2017, 08, 18, 21 y 23 de noviembre de 2017”.

Según el fiscal jefe de Alta Complejidad, dichas comunicaciones –que asegura son falsas- Carabineros la habría obtenido con orden judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco invocando la Ley de Inteligencia, tal como se supone que interceptaron comunicaciones de Héctor Llaitul líder de la CAM, y los otros siete detenidos en Operación Huracán que fueron liberados por la Corte Suprema.

Al interior del Ministerio Público se señala que este enfrentamiento con Carabineros ha hecho dudar de la prueba incorporada contra los comuneros con que se los dejó en prisión preventiva tras sus detenciones el año pasado y, por lo mismo, no se ha vuelto a requerir órdenes de detención contra Llaitul y los demás, hasta aclarar la situación que se le atribuye a Carabineros.

“Los hechos relatados endicho Oficio 202 de la Dipolcar son absolutamente falsos, jamás ocurrieron, ni nada similar a lo que allí se relata; es decir, él o los autores materiales e intelectuales del contenido de dicho oficio mienten en todo lo que allí se consigna.

El fiscal Arroyo acusa que Carabineros inventó encuentros entre él y la funcionaria dentro y fuera de la Fiscalía, uno de ellos el 20 de octubre cuando fue el aniversario de la Fiscalía Regional en que estuvo –según dice- con otras 200 personas que pueden dar fe de dónde estuvo, que también los sitúan el 8 de noviembre de 2017 y asegura que ese día “me retiré más temprano (de la Fiscalía) ya que es el día de cumpleaños de mi hija menor, razón por la cual permanecí en una reunión familiar durante la tarde y la noche de aquel día”.

El investigador, continúa, “pero lo más burso e irrisorio, y que demuestra la ineptitud máxima de parte de quien o quienes inventan esta absurda historia, es que en las últimas tres ocasiones en que supuestamente me reuní con la abogada yo me encontraba fuera de Chile”. Y asgura que todo esto “viene a corroborar aún más la falsedad de la información contenida en el oficio N°202 de la Dipolcar”.

La acusación no para ahí. El fiscal Arroyo dice que en el informe Carabineros saca fotos suyas que están disponibles en la Web pero también extrajeron familiares desde la cuenta Facebook de su esposa. “Sólo se pueden explicar porque alguien ingresó de manera ilegal a Facebook”.

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