EL TAN LAMENTABLE accidente en la mina San José es un llamado de atención enorme para nuestra sociedad en muchos sentidos: precariedad laboral en empresas de pequeña escala, ética empresarial y autorregulación, rol de Enami y papel fiscalizador del Estado.

Existe, sin embargo, un elemento crucial para Chile y que, a pesar de innumerables esfuerzos a lo largo de varios gobiernos, nunca ha tenido la relevancia que requiere: la geología. Hoy el país lamenta la falta de fiscalizadores del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que no alcanzan a los 20 para atender nuestra principal industria.

Este organismo es el encargado por ley, desde 1980, de un amplio espectro de responsabilidades relacionadas a la geología, sin embargo, escasa atención se entregó a los múltiples llamados para elevar su precario presupuesto y modernizar su gestión. De acuerdo a cifras de 2009, el presupuesto de Sernageomin fue cinco veces menor que el de Conaf y 16% menos que el de Sernapesca, por dar dos ejemplos. A nivel internacional, el presupuesto del servicio geológico chileno es la mitad del servicio geológico mexicano y similar al de Perú, países mineros, pero con una menor cantidad de yacimientos, sobre todo pequeños.

En un país como Chile es inconcebible que el ente encargado de la geología no sea adecuadamente valorado. Estamos ubicados en el llamado "cinturón de fuego del Pacífico", una zona con alta intensidad volcánica y sísmica; en nuestro territorio se ha liberado la mayor cantidad de energía telúrica en el mundo y existen más de 2.900 volcanes, 80 de ellos activos. La erupción del volcán Chaitén y el cataclismo de febrero pasado desnudaron la insuficiencia o el retraso en redes de monitoreo de estos fenómenos.

Aunque parezca paradójico, tampoco este servicio cuenta con la adecuada información geológica que requiere el país para avanzar en la exploración minera, existiendo más bien muchos "cuellos de botella" en los procedimientos que le corresponde asumir y que retardan el desarrollo de la minería en Chile. En el caso de la geología, los recursos que se destinen constituyen una verdadera inversión en conocimiento y seguridad para el futuro del país.

Y, sin duda, lo más dramático es que sus recursos son insuficientes para fiscalizar la gran actividad minera del país, sobre todo en un período en que los altos precios de los minerales incentivan a una mayor actividad productiva en minería, especialmente en los segmentos más pequeños (que son también los más vulnerables).

Esta realidad se repite también en otros servicios del Estado, lo que configura un panorama más general en que la actividad productiva supera por mucho la capacidad -y tal vez la voluntad- del Estado para cumplir un rol relevante, cual es el de garantizar estándares mínimos de seguridad y reglas del juego parejas para todos los actores.

Muchas veces se debate sobre el papel del Estado en la economía sobre un eje de definiciones ideológicas y políticas. Pues bien, he aquí un tema relevante, donde el rol del Estado está muy claro y donde se requiere tener una mínima visión de que el modelo de desarrollo de Chile sobre la base de sus recursos naturales no puede disociarse de una regulación moderna y responsable.