Mario Rolando Carroza Espinoza (59) no tenía planificado un fin semana relajado para este sábado y domingo. Desde que el ministro en visita reabrió el caso por el homicidio del senador Jaime Guzmán, el 6 de septiembre, pasó hasta las fiestas del Bicentenario concentrado en las indagaciones. Este fin de semana revisaría en detalle el conjunto de testimonios recogidos en estas dos semanas, para preparar la diligencia más relevante de esta nueva etapa en la investigación del asesinato ocurrido hace 19 años: interrogar a Enrique Villanueva Molina (59), uno de los miembros de la dirección nacional del FPMR al momento del crimen del fundador de la UDI, y quien está citado para esta semana por el magistrado.

El papel que habría jugado Villanueva en el crimen es para el juez, como para el abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, la hebra clave de la investigación tras los dichos de Mauricio Hernández Norambuena. En una entrevista emitida por Chilevisión en los primeros días del mes, éste aseguró que la decisión de asesinar al senador no fue un acto individual. "Por ahí se ha manifestado que fue una decisión unilateral o individual.

Las decisiones en el caso de Guzmán, de las principales operaciones, de esa campaña, fueron decisiones de la instancia colectiva del Frente", dijo el "Comandante Ramiro" desde la cárcel brasileña, donde cumple condena de 30 años por el secuestro del publicista Washington Olivetto. El condenado a dos cadenas perpetuas por el homicidio de Guzmán y el secuestro de Edwards, también relató que en febrero de 1990, en una reunión de la dirección del FPMR, se intercambiaron nombres y "se arma una lista" de seis o siete personas que podrían ser "ajusticiadas", entre los que estaba Guzmán. Agregó que los "comandantes"  fueron informados de los avances de la operación. Por entonces, la jefatura del Frente estaba en manos de Galvarino Apablaza (Comandante "Salvador"), Juan Gutiérrez Fischman ("El Chele"), Iván Figueroa ("Comandante Gregorio"), Enrique Villanueva Molina ("comandate Eduardo"), además de Ramiro.

Esta será la primera vez que Villanueva enfrente a un magistrado, quien de tener presunciones fundadas sobre su rol en el FPMR podría llegar a procesarlo por autoría o encubrimiento en el asesinato.

Cerco a Villanueva
El magistrado y profesor de Filosofía, especialista en "teoría del conocimiento, desde que reabrió la causa ha ido cerrando etapas orientadas  a esclarecer el papel de Villanueva en el crimen. Como la entrevista a Hernández no constituye plena prueba judicial -pues no fue dada al tribunal-, Carroza ha dictado diligencias destinadas a corroborar los dichos respecto de Villanueva.

Apenas media hora después de dictar la reapertura de la causa y reunirse con su actuarios para organizar el trabajo del día (el magistrado tiene a su cargo 200 causas de DD.HH., que podrían aumentar a 400, integra un día a la semana la Corte de Apelaciones, hace clases en la Escuela de Oficiales de Carabineros y en Derecho de la Universidad de Chile), Carroza se constituyó en CHV para revisar el máster sin editar de la entrevista a "Ramiro". Pidió una transcripción de  la misma e interrogó al equipo que hizo la nota. Esta semana solicitó a sus actuarios repetir los interrogatorios con foco en Villanueva.

Carroza también ha reinterrogado a funcionarios y colaboradores de "La Oficina" que habían declarado hace años. El primero fue el ex mirista y ex informante Humberto López Candia. Su elección no fue casual, años atrás declaró que Villanueva colaboró con el organismo de seguridad creado por el gobierno de Aylwin para desbaratar al Frente y al Lautaro. Carroza lo interrogó dos veces.

En la misma línea, el jueves pasado, el magistrado interrogó a los ex analistas de "La Oficina" y de la ANI Oscar Carpenter y Luis Antonio Ramos. Por su pasado en los grupos militares del PS y el Mapu, respectivamente, ambos eran los encargados de contactar a los miembros del FPMR. Incluso, según una versión que entregó "Ramiro" el 2002 por exhorto al juez Hugo Dolmestch, Villanueva se reportaba directamente con Carpenter. Ante Carroza ambos negaron conocer a Villanueva.

Un día después, el juez cerró el círculo con los detectives que trabajaron en los llamados frentes operativos Uno y Dos de "La Oficina": Daniel Cancino, Juan Sarmiento y Jorge Zambrano. El juez les preguntó sobre la estructura del FPMR en 1991 y si Villanueva era informante del organismo. Según fuentes del tribunal, esto último no fue corroborado por ninguno de los tres. También tomó testimonio al ex comisario Jorge Barraza.
El magistrado, sin embargo, no está abocado a indagar el rol de "La Oficina", tampoco busca esclarecer si el organismo dio protección a algunos frentistas. Un tema ya zanjado por la Corte de Apelaciones cuando absolvió al ex jefe de "La Oficina" Marcelo Schilling y al ex director de Investigaciones Nelson Mery del delito  de obstrucción. Por lo mismo, aseguran fuentes del tribunal, el ministro  descartó interrogar al diputado PS Marcelo Schilling.
Carroza también interrogó a la periodista Cherie Zalaquett, quien en mayo de 2005 entrevistó a Villanueva en Caracas. En esa ocasión, el ex "Comandante Eduardo" aseguró que no supo del crimen antes de que se ejecutara sino tiempo después "nos enteramos que había sido el grupo de Ramiro, apoyado por Apablaza". Negó haber sido informante. Sí admitió que "siempre fui la cabeza política (del FPMR)".

La información entregada por "Ramiro" es considerada por quienes forman parte del caso como uno de los hitos más importantes desde que se dictara condena contra los autores intelectuales y materiales del asesinato. Especialmente, por los datos que da sobre Villanueva. De hecho, dos días después de emitida, el ministro Carroza decretó una orden de arraigo contra Villanueva para impedir que abandonara Chile antes de quedar a disposición del tribunal, como ocurrió en 1997. Ese año el ex suboficial de la Fach y ex vocero del FPMR, huyó a Cuba y luego a Venezuela al ser identificado por la prensa como "comandate Eduardo". 

Recién el 2001, el ministro Dolmestch lo interrogó mediante un breve exhorto de 14 preguntas. En esa ocasión Villanueva dijo que fue jefe político del Frente hasta 1989 y que al año siguiente dejó la actividad política. Además, negó haber tenido conocimiento de la planificación del asesinato de Guzmán. "(El crimen) no fue organizado, ni ejecutado por una decisión del Frente patriótico, fue una acción que realizó un grupo de dirigentes del Frente y combatientes del mismo, para neutralizar la transformación de la organización en un partido político". Villanueva también negó haber sido informante de "La Oficina".  

En esa ocasión no fue contrapreguntado sobre la estructura del FPMR, el papel que cada uno cumplía, ni se indagó por qué en mayo de 1991, un mes después del crimen, dio una entrevista como vocero del organismo a un medio mexicano en la que justificó el asesinato del senador. "Guzmán bien ajusticiado está", dijo aunque no se lo adjudicó al FPMR.
La tesis de Villanueva, de que "Ramiro" actuó solo, fue, según dijo el propio Hernández Norambuena a La Tercera hace unos días, parte de las razones para contar cómo operaba la comandancia del FPMR en 1991. En su nueva cárcel en el Presidio Federal de Campo Grande aludió a los dichos del abogado de Galvarino Apablaza, Hiram Villagra, quien en 2004 atribuyó la planificación del crimen a "Ramiro". Villagra es hoy el abogado de Villanueva.

De todos los que formaban parte de la cúpula del FPMR, Villanueva es el único que se encuentra en Chile y en condiciones de responder ante la justicia.

La comparecencia de Apablaza, cuya extradición fue concedida la semana pasada por la Corte Suprema argentina, sigue incierta. Aún falta que las autoridades transandinas se definan sobre el asilo político, decisión que será vista el viernes. De "El Chele" se desconoce su paradero y en el caso de Iván Figueroa, se presume que fue asesinado por sus ex compañeros en 1995 por informante. La situación de "Ramiro" es igualmente compleja.

El gobierno y la UDI  han explorado fórmulas legales que permitan cumplir la condición que fija la ley brasileña para enviarlo a Chile: una pena máxima de 30 años. Para ello, explican varios parlamentarios que han participado en estas discusiones, es necesaria una ley de indulto general que beneficie a los presos por ley terrorista con una rebaja de pena, o dictar una ley que le entregue facultades excepcionales al Presidente para conceder beneficos carcelarios a "Ramiro". En ambos casos, señalan las fuentes, la piedra de tope es sentar un precedente jurídico que favorezca a otros que cometan crímenes de la magnitud del asesinato de Guzmán, un riesgo muy alto, señalan dos senadores de la UDI.