La jueza colombiana María Stella Jara Gutiérrez, quien condenó a 30 años de cárcel a un alto militar retirado por la desaparición de civiles en 1985, abandonó el país sudamericano tras recibir amenazas de muerte, informó el martes el abogado de la jurista.

El abogado Jorge Molano dijo a Caracol Radio que Jara dejó Colombia, junto con su hijo, sin precisar el destino final, tras haber recibido amenazas de presuntos "grupos armados al margen de la ley" y ser cuestionada por el presidente Álvaro Uribe.

Hace dos semanas, la jueza condenó a 30 años de prisión al coronel retirado del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas durante un operativo militar contra la toma guerrillera del Movimiento 19 de Abril (M-19) del Palacio de Justicia en Bogotá hace 24 años.

Plazas dirigió la operación, en la que murieron 55 personas, incluidos 11 jueces, muchas de ellas como consecuencia del fuego cruzado y en situaciones poco claras. El tribunal encontró culpable al alto oficial de la retención y desaparición de diez civiles y de una guerrillera en el acto.

La jueza abandonó el territorio colombiano después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cobijó con una medida cautelar ante las reiteradas denuncias sobre hostigamientos y amenazas y después de recibir críticas del jefe de Estado.

En su momento, Uribe lamentó la condena, la cual consideró "injusta" y que "desmoralizaba" a las Fuerzas Armadas.

Asimismo, instó a la justicia a perseguir a los subversivos que participaron en la toma del edificio y lamentó que el ex presidente Belisario Betancur (1982-1986), mandatario en ese entonces, fuera nuevamente llamado a testificar.

Plazas, condenado por el delito de desaparición forzada agravada, es el primer ex militar condenado por el caso de la desaparición de once civiles en la toma del Palacio de Justicia. El proceso se reabrió en 2006.

El alto oficial está en un hospital debido a sus quebrantos de salud. La jueza solicitó que el ex militar sea internando en una cárcel de máxima seguridad.

El ataque al Palacio de Justicia ocurrió el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) entró por la fuerza y tomó a numerosos rehenes.

La incursión rebelde y la posterior respuesta militar, en un enfrentamiento que duró más de 24 horas, causaron la muerte a 11 magistrados de la Corte Suprema, 35 guerrilleros y otras 52 personas, en tanto que 11 fueron declaradas como desaparecidas.

El M-19 se desmovilizó y firmó un acuerdo de paz durante el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990).