EL ENORME desarrollo de la educación superior en Chile en los últimos 20 años  es consecuencia de dos elementos: una demanda por educación superior que crece en forma explosiva, y una gran capacidad de reacción de la oferta, imposible de entender salvo como respuesta de planteles privados, con fines de lucro, a los que se les permitió emprender. La demanda por educación superior es evidencia de que la población entiende, en todos los niveles socioeconómicos, que para progresar debe educarse. El exitoso "modelo" chileno generó una dinámica de adaptación de la población a sus exigencias, con su principal expresión en una alta valoración de la educación superior. Si no se proporcionan los medios para satisfacer esa gran demanda por educación en términos adecuados, el país estará frente a un potencial creciente de conflicto social severo.

Las cifras de oferta de docencia son elocuentes. Entre 1983 y 2010 la matrícula en universidades se multiplicó por cinco, en institutos profesionales por ocho,  y en centros de formación técnica por tres. Si en 1983 sólo el 2% de los estudiantes universitarios estaba matriculado en universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores, en 2010 lo estaba más del 50%. Es impensable que la creación de más de 30 universidades privadas, y el agresivo incremento en la oferta de matrícula universitaria privada no sean el reflejo de una fuerte inversión privada en búsqueda de rentabilidad, al menos en la provisión de infraestructura y servicios que ellas han requerido, sin perjuicio de que algunas instituciones privadas, con una contribución académica de excelencia, respondan a motivaciones diferentes, filantrópicas o religiosas. Dada esta realidad, hoy no es  factible limitar la participación de entidades con fines de lucro en la educación superior sin dañar las posibilidades de educación de una alta proporción de los estudiantes universitarios chilenos.

Los conflictos que afectan al mundo universitario derivan de la falta de recursos para apoyar a los alumnos de familias de menores recursos, y de problemas de calidad en algunas instituciones -públicas y privadas- que imparten carreras que no mejoran suficientemente las posibilidades laborales. Tanto la estrechez financiera a que se ven sometidos los alumnos y sus familias, como los problemas de calidad que eventualmente enfrentan, dan sustento al reclamo contra el fin del lucro, si bien no hay una relación firme entre estos fenómenos. No hay razón para evitar la participación privada, con fines de lucro, en condiciones competitivas, en la formación de profesionales y técnicos; y dado el desarrollo de la educación superior en Chile, es fundamental transparentar la situación actual a través de la legislación adecuada, so riesgo de afectar gravemente las posibilidades de desarrollo educacional de cientos de miles de estudiantes e incubar conflictos severos.

Distinto al problema de docencia es el de la investigación básica, clave para sustentar una educación superior de buen nivel, que debe fomentarse a través de políticas e instituciones específicas, con el apoyo financiero decidido del Estado, por cuanto genera  bienes públicos valiosos. El apoyo financiero ha sido insuficiente, la regulación para garantizar calidad ha sido ineficaz por no incorporar incentivos adecuados, las políticas universitarias persiguen objetivos propiamente académicos junto a objetivos de movilidad social en forma confusa y sin instrumentos adecuados. Décadas de mala regulación han abierto espacio a propuestas estatistas que únicamente agravarían el problema.