Señor director

Tras conocerse la ley de Presupuesto 2018, actores del mundo de la educación reparamos que la subvención para los establecimientos particulares subvencionados que pasaron a ser gratuitos no fue reajustada según disponía la Ley de Inclusión. Esto los afectará financieramente, pues renunciaron al copago creyendo en la falsa  promesa de que lo compensaría el gobierno "peso a peso"; es decir, que los recursos que aportaban los padres, los aportaría el Estado. Si el gobierno no corrige esta situación va a producirse un problema gravísimo que afectará el financiamiento y, en consecuencia, la gestion administrativa y pedagógica de la educación particular subvencionada. Solo un ejemplo: un colegio con mil alumnos va a recibir el año que viene $ 28 millones 480 mil menos que los que debía recibir; esto es el equivalente al sueldo anual de cuatro profesores jornada completa.

Por otra parte, si se suma al presupuesto 2018 lo que están aportando las municipalidades, también con recursos públicos, aparte de todas las subvenciones, cada niño que se educa en la educación pública recibe $ 42 mil mensuales más que uno que estudia en la educación particular subvencionada.

Teniendo a la vista que el Estado se ha transformado en el único proveedor de recursos financieros para la educación particular subvencionada, estamos en presencia de una discriminación arbitraria. Esperamos que la ministra de Educación cumpla su promesa de reponer esos fondos, más aún cuando trabajar con una educación inclusiva supone tener estudiantes con distintas capacidades físicas y diferentes condiciones culturales, lo que exige más y mejores profesionales.

Guido Crino

Presidente Nacional Fide