CUALQUIERA que conozca mínimamente el sector educacional en Chile sabe que la Iglesia Católica es un actor fundamental. No sólo por la poderosa red de colegios que están bajo su administración directa o indirecta, sino por la influencia que ejerce sobre muchos de los decisores de políticas públicas, tanto en el ámbito ejecutivo como legislativo. Por ello, la Iglesia Católica es uno de esos actores institucionales -no el único, por cierto- que posee la llave de la solución al conflicto educacional que hoy vive el país.

La Iglesia Católica puede y debe ser parte de la solución, porque es parte del problema. Por un lado, condena el lucro -como lo hizo monseñor Ezzati en su homilía de Fiestas Patrias y la Conferencia Episcopal en su reciente documento "Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile"-, pero, por otro lado, sigue siendo defensora de la educación particular subvencionada en su actual modalidad y del financiamiento compartido. Como se sabe, en el caso chileno, el financiamiento de la educación privada subvencionada permite marginar utilidad, o sea lucrar con la subvención pública (caso único en el mundo), mientras que el financiamiento compartido, además de permitir su libre disposición, incluyendo la ganancia para el sostenedor, demuestra ser la principal fuente de segregación social del sistema escolar.

La Iglesia Católica -que acaba de dar su respaldo al movimiento estudiantil y a sus demandas- tiene en sus manos la posibilidad de dar una señal nítida en la dirección de un nuevo acuerdo nacional en educación: apoyar el término del lucro en la educación escolar por la vía de transformar los colegios privados subvencionados en fundaciones sin fines de lucro (buena parte de los colegios de Iglesia ya se organizan de esa manera). A su vez, una señal a favor de terminar con el financiamiento compartido -bajo una modalidad gradual- sería un verdadero acto de solidaridad, de caridad cristiana a estas alturas, dada la irrefutable evidencia del efecto de apartheid social que éste genera.

Se ha argumentado que terminar con el lucro en la educación escolar dejaría sólo en pie la educación pública y la educación religiosa. Ello es conocer poco la historia de la educación, pues siempre ha existido un conjunto de colegios privados no religiosos que han tenido una genuina vocación educativa, ya sea para promover ciertos valores, culturas y lenguas, o por motivaciones de experimentación pedagógica. Lo que sí sucedería es que muchos de los sostenedores privados que sólo están en el sistema movidos por la posibilidad de hacer un lucrativo negocio encontrarían menos atractivo seguir participando de éste. Pero ello, lejos de ser una mala noticia, constituiría un factor que contribuiría por sí mismo a mejorar la calidad de la educación chilena.

En el tema de la relación entre lucro y educación, la Iglesia Católica está inmersa en una contradicción doctrinaria que es visible para cualquiera que no quiera mirar para el lado. En esta etapa en que los actores políticos e institucionales comienzan a definirse sobre este asunto, la Iglesia también debería hacerlo. Un nuevo pacto entre el Estado y la Iglesia en materia educativa es una de las llaves para destrabar, con sentido histórico, el conflicto educacional actual.