LA LECTURA del Programa de Gobierno de Michelle Bachelet no permitía anticipar el verdadero carácter pro estatismo y anti competencia que ha aflorado en Educación Superior. Consignaba que “los y las jóvenes junto a sus familias enfrentan dos tipos de problemas. En primer lugar de acceso, por la existencia de barreras de financiamiento y académicas…. En segundo lugar, por la existencia de serias dificultades en el control de la calidad de las instituciones de educación superior….”  El compromiso con la ciudadanía, a partir de ese diagnóstico, sugería políticas sujetas al criterio de ayudar primero al estudiante más vulnerable, así como independencia de preferencias ideológicas entre oferentes públicos y privados, al momento de exigir calidad en la educación ofrecida.

La evidencia de que la política en educación superior estaba dispuesta a subordinar otros valores al avance del estatismo en la provisión y regulación de la educación superior, vino más claramente en el discurso presidencial del 21 de mayo pasado, cuando la Presidenta postuló la discriminación en el apoyo financiero, durante 2016, en favor de alumnos -entre aquellos en el 60 por ciento más vulnerables- cuando asistan “a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores”…   En ese discurso, aduciendo que  “muchas veces las becas no financian el arancel completo y nuestros estudiantes más vulnerables y de clase media terminan sobre endeudándose….”, se definió que los estudiantes favorecidos accederían “a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito”.

Hoy, tras el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó por discriminatoria la propuesta de gratuidad para 2016 del Gobierno, ha quedado claro que el rechazo oficialista a las becas universitarias - tema súbitamente crucial para sectores de la Nueva Mayoría - no responde a consideraciones de eficacia en el apoyo a los más pobres. La realidad es que las becas, que permiten usar el financiamiento estatal para llevar a cero el costo privado de educarse, dejan en manos de los estudiantes la capacidad de elegir entre instituciones. La contrapartida es que las instituciones educacionales, estatales o privadas, deben esforzarse en lograr calidad para atraer alumnos y así acceder a los recursos que les permiten  existir y crecer. Y este ha sido, siempre, un problema de fondo para el estatismo.

El estatismo rehúye la competencia, porque esta deja en evidencia los problemas de incentivos, dificultades para asignar responsabilidades, burocratización y centralización de decisiones, en entidades estatales, que en definitiva encarecen la provisión de bienes y servicios, o, para un mismo costo, deterioran la calidad. La alternativa preferida por los estatistas es un régimen privilegiado, de recursos “basales” entregados a cambio de buenas intenciones y compromisos formales que luego no se contrastan seriamente con la realidad, y que conduce a la pérdida de calidad y aumento de costos con grave daño para el país. La actual “lucha contra las becas” ilustra tanto la necesidad de protección de la competencia que requiere el estatismo para subsistir, como  el peso del estatismo en la política educacional de la Nueva Mayoría.