Fue una de las propuestas contenidas en el informe del consejo asesor presidencial contra los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y la corrupción, más conocida como “Comisión Engel” de 2015 y también parte del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Finalmente el proyecto que perfecciona el sistema de Alta Dirección Pública (SADP) -cuya función es dotar al gobierno central de un mecanismo para seleccionar a directivos de primer y segundo nivel jerárquico de servicios estatales a través de concursos públicos- fue despachado el martes pasado por el Congreso, quedando listo para su promulgación por parte de la Mandataria.

Se trata de la primera gran reforma que se introduce al sistema que fue creado en 2003 como parte del proceso de modernización del Estado, producto del acuerdo político legislativo entre el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos y la oposición, tras el denominado caso MOP-Gate.

Se eliminan directivos transitorios

La primera ley del sistema de alta dirección pública - aprobada en 2003- establecía que ante la ausencia del director titular de un servicio público asumiría el subrogante y de manera excepcional la autoridad correspondiente podría nombrar un director provisional y transitorio que no necesariamente pasaba por el sistema de concurso público, esto mientras se hacía el proceso de selección. “Ahora, ¿cuál fue la historia real? Lo que era excepción se transformó casi en la norma de uso permanente”, explica Rodrigo Egaña, director nacional del Servicio Civil, organismo a cargo de implementar el sistema de Alta Dirección Pública. Otra de las dificultades- explica- es que el director transitorio podía extenderse en el cargo hasta un año mientras estaba en desarrollo el proceso de selección y podía postular, lo que hacía muy probable que obtuviera el cargo desincentivando a los interesados en participar. Con la promulgación de la ley de perfeccionamiento, la autoridad va a poder desvincular a un directivo, pero va a  asumir automáticamente el subrogante.

Se incorporan nuevos servicios 

Uno de los temas que se discutió durante la tramitación fue la creación de una norma general que se aplique a toda la administración pública, lo que quedó resuelto finalmente estableciendo que todos los servicios públicos van a quedar adscritos al sistema de Alta Dirección Pública, salvo las instituciones que queden explicitadas en la ley, como por ejemplo, las subsecretarías y servicios generales como Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Inteligencia o el Consejo de Defensa del Estado. De esta forma, cualquier servicio que se cree desde ahora estará adscrito al sistema, ya sea en la elección de sus directivos de primer y segundo nivel o en al menos uno de ellos. “Definitivamente se reconoce que el sistema de Alta Dirección Pública es una medida de modernización del Estado, que ya pasó el test de la experimentación, que está madura y que por lo tanto se puede instalar como una norma permanente de funcionamiento del Estado”, explica Rodrigo Egaña.

Sin ADP hasta 12 altos directivos 

En el primer nivel jerárquico, es decir, la autoridad más alta de un servicio público, el presidente mantiene la facultad de desvincular al titular una vez que asume su gobierno. Con la nueva normativa, esta facultad se verá limitada puesto que, mientras se realiza el concurso público para buscar a un sucesor, el mandatario podrá designar temporalmente a un directivo en el segundo nivel de ese mismo servicio, como puede ser el jefe jurídico, el jefe de administración, jefe de estudios, entre otros. Pero, entendiendo que el presidente entrante puede tener la intención de reforzar ciertas áreas de su gobierno, tendrá la facultad de designar- solo durante los primeros tres meses de su gobierno- a 12 altos directivos de servicios públicos (de un total de 125) sin pasar por concurso público. Estos directivos podrán mantenerse hasta cuatro años en sus cargos. Sin embargo, si por alguna razón deben ser reemplazos, será a través del sistema de alta dirección pública.

Últimos 8 meses de un gobierno

En la antigua normativa el Consejo de Alta Dirección Pública- organismo que vela por prestar asistencia en la toma de decisiones a las autoridades para la provisión de cargos de altos directivos públicos, conduciendo los procesos de selección- tenía que hacer los concursos públicos cada vez que fuesen solicitados. Sin embargo, se percataron que era poco útil realizar estos procesos de selección a pocos meses de que asumiera un nuevo gobierno, sobre todo si era de otra coalición política. Es por esto que con la nueva normativa, cuando se quieran concursar vacantes a menos de 8 meses de que asuma un nuevo gobierno, esto debe ser aprobado por 4/5 de los miembros del consejo. Además, con esta medida, se busca prevenir que se dejen “cargos amarrados” de un gobierno a otro. Rodrigo Egaña explica que medidas como estas serán fundamentales una vez que exista un cambio de gobierno: “Vamos a probar ahí si las disposiciones nuevas, que se pensaron en términos de reducir el impacto político sobre el sistema generado por un cambio de gobierno, van a ser efectivas o no”.

Explicar despidos

“Este no es solo un sistema para reclutar y seleccionar directivos, si no que también es un sistema que se preocupa de acompañarlos en su desarrollo y evaluar su desempeño”, argumenta el director nacional del Servicio Civil. Por esta razón, con la nueva normativa, cuando se produce el despido de una persona, el consejo va a poder citar al subsecretario o jefe de servicio correspondiente y pedirle explicaciones respecto a su decisión, sobre todo cuando la persona había sido bien evaluada por ellos mismos, a través de los denominados “convenios de desempeño”.

Esto haría que el despido no pueda ser absolutamente arbitrario o sin fundamento. De todas formas, la desvinculación podrá realizarse pero, tal como explica Rodrigo Egaña, “este será un lomo de toro al despido arbitrario”, aunque, advierte, “no es una imposibilidad”. Además, el gobierno se compromete a enviar un proyecto para revisar la selección de directivos de las empresas públicas y otro para la creación de un “ADP municipal”.