LA REFORMA tributaria propuesta por el gobierno es compleja.  En esta columna ya he escrito sobre la materia, de modo que resumiré ahora en forma sintética mi reacción frente al proyecto. Parto de la base que el nivel del gasto público determinado en base a los méritos del mismo debe ser cubierto por impuestos y otros ingresos, que los tributos deben obtenerse de la forma más eficiente posible, y que es más conveniente redistribuir rentas por la vía del gasto fiscal que de los impuestos.

La propuesta gubernamental tiene innegables méritos. Quizás el mayor sea que mantuvo el impuesto al gasto (consumo) progresivo existente. Tal tributo, a pesar de que lo llamamos impuesto sobre la renta y tiene una enredada reglamentación en Chile -que desafortunadamente no se intentó corregir esta vez-, evita gravar el ahorro dos veces y hace tributar a las personas en función de lo que le sustraen a la sociedad en vez de lo que aportan. Se incentiva así eficientemente el trabajo y el ahorro.  Recuérdese que Chile ya tiene un déficit en cuenta corriente, a pesar del alto precio del cobre.

Otros aciertos del proyecto son las poderosas medidas tendientes a evitar la elusión tributaria, cuya probable recaudación que afectará a los grupos de mayores ingresos equivale prácticamente a los recursos adicionales que se espera obtener de toda la reforma; la introducción, si bien tímida, de algunos impuestos verdes; la reducción de los impuestos de timbres y estampillas; y la notable iniciativa para eliminar los aranceles sobre el comercio exterior.

Una cosa es cambiar la estructura tributaria y otra es aumentar los impuestos. La carga tributaria chilena equivale aproximadamente a la que tuvieron las economías hoy desarrolladas cuando ellas tuvieron el PIB per cápita de nuestro país en la actualidad. En Chile, y en el margen, más gasto público equivale a menos crecimiento económico, y esto se traduce en una menor reducción de la pobreza. Es más, los fondos son perfectamente fungibles, de modo que no es correcto argumentar que los mayores tributos que se recauden van a financiar gastos adicionales de educación, cuyos méritos nadie discute. También se puede sostener, con igual propiedad, que esos mayores tributos financiarán, por ejemplo, el mayor subsidio para los usuarios de los sistemas de transporte público, una medida ineficiente.

La reforma se diseñó con un claro sello político. Este se refleja, entre otras cosas, en la reducción que se desea hacer de las tasas de impuesto sobre la renta (gasto) de las personas y en la disminución propuesta a la tributación de los combustibles.

¿No será posible respetar los actuales parámetros de los impuestos sobre la renta (gasto) de las personas y de los tributos sobre las gasolinas, y corregir aquellos existentes que afectan el diésel,  para incorporar un número significativamente mayor de pymes a los beneficios que ya algunas de éstas tienen cuando reinvierten utilidades de acuerdo al artículo 14 quáter?

Una medida así también beneficia directamente a un gran número de personas, pero tiene un efecto positivo sobre el ahorro, la inversión, el empleo, la distribución de la renta y el medioambiente.