LA DECISIÓN de la justicia peruana de acoger la solicitud presentada por la fiscalía para la prisión preventiva por 18 meses del expresidente Toledo, acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, viene a ratificar que los alcances de la red de pagos ilegales de esa empresa brasileña no solo van mucho más allá de las fronteras de Brasil, sino que están afectando a casi todo el sistema político regional. Solo en la última semana, además de la investigación que se lleva a cabo en Perú, se han conocido denuncias de supuestos aportes ilegales para las campañas de los actuales presidentes Juan Manuel Santos (Colombia) y Juan Carlos Varela (Panamá) y, desde que estalló el caso hace dos años, al menos 17 países han pedido información a la Fiscalía brasileña por eventuales vinculaciones con la red de aportes ilegales.

En Brasil las investigaciones ya le han costado el cargo a seis ministros del gabinete del actual presidente Michel Temer, han debilitado seriamente al Partido de los Trabajadores y mantienen en alerta a todo el aparato político ante las eventuales revelaciones que puedan surgir de las delaciones compensadas, tanto de los ejecutivos de la empresa como del propio Marcelo Odebrecht. En ese país, según reconocieron representantes de la firma ante la justicia de Estados Unidos -que también investiga el caso-, se pagaron sobornos por US$ 349 millones y, en total, Odebrecht admite el desembolso de US$ 788 millones para pagos ilegales para la obtención de beneficios y concesiones en los 28 países donde opera y que incluyen, entre otros, a las principales naciones latinoamericanas, Estados Unidos y Canadá.

Si bien en Perú el caso aún está en etapa de investigación y la justicia no se ha pronunciado sobre la eventual culpabilidad de los afectados, es evidente que la situación ha tenido un fuerte impacto en la clase política. Odebrecht reconoció pagos ilegales por US$ 29 millones entre 2015 y 2014 para la obtención de contratos de infraestructura, lo que afecta no solo al gobierno del expresidente Alejandro Toledo, sino también al de Alan García y al de Ollanta Humala. Además, la situación puede repercutir en el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro del gobierno de Toledo. El Presidente ha negado cualquier vinculación con el caso y ha expresado su pleno compromiso con la investigación.

La magnitud de los eventuales alcances de las redes de sobornos y aportes ilegales de empresas como Odebrecht y OAS, exige no solo reforzar la coordinación entre las entidades persecutoras de la región para aclarar sus alcances, sino también obligan a revisar, en algunos casos, las distintas legislaciones locales. No parece entendible, por ejemplo, que en el caso de Chile delitos que afectan la confianza del sistema político -como los relativos al financiamiento de las campañas- prescriban después de solo dos años -como quedó establecido en la nueva ley sobre gastos electorales- y no puedan ser penados, al menos durante el periodo en que quienes se beneficiaron de esos aportes ocupen los cargos públicos a los que accedieron. El único camino para revertir la creciente desconfianza en la clase política es dando muestras claras de su compromiso con la aclaración de eventuales delitos y el aumento de los estándares de probidad.