El 1 de abril de 1991, a semanas de que Patricio Aylwin cumpliera su primer año en La Moneda, miembros del Frente Autónomo Manuel Rodríguez asesinaban al líder de la UDI, Jaime Guzmán, en las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica. Su férrea oposición a que el gobierno indultara a presos políticos había sellado la suerte del senador gremialista.

Ese crimen y la posterior creación del Consejo de Seguridad Pública, La Oficina, serían determinantes en la relación que el gobierno tendría tanto con el PC y la izquierda extraparlamentaria, como también con grupos subversivos como el FPMR Autónomo y el movimiento Lautaro, todos críticos del retorno institucional a la democracia.

“No entramos a la Concertación por varias cosas. Se nos castigó por nuestra actuación en dictadura y en eso incidió mucho la posición norteamericana, que ponía como condición para avalar una salida pactada aislar al PC. Pero, por otro lado, no teníamos ningún deseo de entrar a un gobierno que veíamos que no iba a cumplir con los objetivos planteados en la lucha contra la dictadura”, rememora el hoy presidente del PC, Guillermo Teillier, quien fuera jefe militar de ese partido en los 80.

La mirada estadounidense y la resistencia de dirigentes de la DC y algunos grupos renovados del propio PS han sido mencionados como factores que imposibilitaron un acercamiento del gobierno con la izquierda más dura de la época, pese a algunos primeros esfuerzos de estos sectores de legitimarse.

Como ejemplo se menciona que una vez escindido el FPMR del PC, los jerarcas del grupo que quedó ligado a la colectividad sostuvieron en marzo de 1991 una reservada reunión con representantes de la Concertación en la Conferencia Episcopal de la Iglesia, cita mediada por el obispo Carlos González.

Según distintas fuentes que participaron del encuentro, los ex miembros del Frente comentaron su intención de apoyar la movilización popular, pero desde la institucionalidad. La idea, sin embargo, no habría entusiasmado a los entonces dirigentes oficialistas.

El recrudecimiento de las acciones violentas forzó, por el contrario, al gobierno a fortalecer las acciones de inteligencia destinadas a desmantelar a grupos armados, principalmente el movimiento Lautaro.

“¿Quién manda aquí?”

Para la creación de La Oficina ya estaban reclutados los DC Mariano Fernández y Jorge Burgos. Sin embargo, faltaba integrar a un representante de la izquierda. El entonces ministro Segegob, Enrique Correa, junto a Ricardo Solari y Gonzalo Martner, propusieron a Marcelo Schilling (PS). Los socialistas subrayaron que el pasado GAP del actual diputado y sus nociones de seguridad podrían aportar a su función.

“Se me informa que la situación es tan delicada, que Pinochet le habría dicho al Presidente Aylwin de que habíamos entrado a la fase D. Acepté, porque lo de la fase D sonaba súper feo”, recuerda Schilling.

La literatura de la época ratifica la advertencia del general. En La Historia Oculta de la Transición, de Ascanio Cavallo, se relata una visita del ex comandante en jefe del Ejército al Presidente en La Moneda, tres días después del atentado a Guzmán. En la cita, Pinochet alerta sobre la llamada fase D: “Terrorismo selectivo. Víctimas escogidas para crear conmoción”, dice Pinochet. “Es la previa a la guerrilla urbana”, agrega, según el texto.

En La Moneda no hay dos lecturas: una eventual intervención de las FF.AA. en el combate contra grupos armados podría traer consecuencias insospechadas.

Por lo mismo, La Oficina comienza a funcionar con premura. El campo de acción, sin embargo, sería limitado. La CNI prácticamente no dejó archivos a las nuevas autoridades. Los órganos de inteligencia de las FF.AA. estaban supeditadas a sus respectivos comandantes en jefe que, a su vez, integraron la Junta Militar de la dictadura, recelosas del primer gobierno de la Concertación.

Las susceptibilidades entre el mundo cívico y militar, de hecho, no tardaron en aflorar. Ejemplo de ello fue cuando Schilling exigió a Carabineros reportar cualquier acción antisubversiva. En respuesta, el general director de la institución, Rodolfo Stange, envió una carta al ministro del Interior, Enrique Krauss, pidiendo la renuncia de Schilling.

“La carta me la leyó Krauss, donde además de exigir mi renuncia, Stange preguntaba quién mandaba aquí. Yo le dije a Krauss: ‘Supongo que nosotros mandamos, si para eso nos eligió el pueblo’”, recuerda Schilling.

Pese al avance que La Oficina logró en la desarticulación de organizaciones revolucionarias, su huella aún es resentida no sólo por agrupaciones de izquierda, sino también por dirigentes de la Nueva Mayoría. Acusan que para lograr sus objetivos, esa unidad de inteligencia recurrió a la traición e infiltración, siendo responsable, además, de la muerte de decenas de ex combatientes de la dictadura.

“La instrucción era perentoria: ayudar a los subversivos a que se reinsertaran. Nada más”, refuta Schilling.

En el libro El Poder de la Paradoja, Aylwin abordó la labor de La Oficina. “Hizo el trabajo -no quiero llamarlo sucio- de infiltrar a estos grupos extremos y, especialmente, valerse de vinculaciones con ellos para irse desenganchando”.