Pagos irregulares a supuestos exonerados políticos
El masivo engaño denunciado obliga a perseguir las responsabilidades de los infractores y de quienes los patrocinaron.
LA CONTRALORIA emitió el informe final en la investigación sobre la aplicación de la ley que otorgó beneficios a exonerados políticos. Según ella, en la administración de los mismos se han producido extendidas irregularidades, que han ocasionado grave daño al patrimonio fiscal y dejan en tela de juicio a todo el sistema. En una muestra de 9.145 expedientes, de un total de 74.423 beneficiarios a 2011, el órgano contralor pudo constatar que a unos 3.000 postulantes se les concedió la calificación de exonerado político en circunstancias que carecían de los requisitos legales para ello. Por otra parte, existen 5.917 beneficiarios que optaron a una pensión de gracia, sin acreditar la prestación de servicios a los supuestos empleadores, como es exigido en este tipo de casos, generando pagos en exceso por $ 29.616 millones.
La Ley Nº 19.234, de 1993, buscó resarcir el daño previsional que se generó a personas que habrían sido exoneradas por razones políticas de instituciones del Estado o empresas privadas que fueron intervenidas, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Para postular a los beneficios (pensiones por gracia o recálculo de jubilaciones) se otorgó un plazo de un año. Sin embargo, en 1997 y 2003 se otorgaron nuevos períodos de un año para ello. Dada la vaguedad de la redacción y la discrecionalidad de las facultades, los beneficiarios se fueron ampliando enormemente, y alcanzan situaciones que en realidad poco tienen que ver con un despido político, como empresas liquidadas por su inviabilidad económica. Según Contraloría, existen unos cien mil expedientes pendientes, que se abrieron sin mayores antecedentes para que no quedaran fuera de postulación en 2004, que en la medida que se completaran podrían hipotéticamente acceder a beneficios, no obstante que el actual gobierno en los últimos tres años sólo ha aprobado un caso.
La acreditación de la calidad de exonerado político y la existencia del vínculo laboral se ha logrado en muchos casos con certificados extendidos por parlamentarios o dirigentes de partidos políticos o de la CUT, mecanismo probatorio que no está previsto en la ley, pero que en la práctica aseguraba el resultado. Un dirigente socialista comentó que entre los muchos que firmó tiene que haber habido más de alguno que no correspondía y lamentó que mucha gente se haya prestado para engañarlo, excusa incompatible con la responsabilidad de toda autoridad de verificar aquello que acredita.
En los hechos, el sistema para reparar daños previsionales parece haberse transformado en un porcentaje importante de casos en un sistema al margen de la ley para facilitar adhesiones y otorgar beneficios a quien tuviera las conexiones requeridas, lo que de ser acreditado debería ser severamente sancionado. Junto con señalar que la merma del patrimonio fiscal alcanzaría a los US$ 180 millones, el gobierno ha señalado estar a la espera del dictamen del Consejo de Defensa del Estado sobre si la acción penal está prescrita por la antigüedad de la mayoría de los casos, criterio que parece muy discutible si se considera que mientras se sigue cobrando la pensión obtenida con fraude se sigue ejecutando la acción ilícita. En estos casos la presunción debe obrar en beneficio del patrimonio fiscal y de todos quienes ven postergadas sus necesidades de asistencia del Estado por no existir recursos para financiarlas. Además de la investigación de las irregularidades detectadas, se debe fiscalizar cuidadosamente el 88% de expedientes aún no revisados por la Contraloría, para determinar en cada caso la justificación de los beneficios otorgados.
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