EN LAS últimas semanas la opinión pública ha sido testigo de un proceso de discusión legislativa apresurado y poco profundo, en el que están siendo resueltas reformas en áreas de extraordinaria complejidad y de gran relevancia para el futuro del país, como es el caso de los cambios en materia educacional o al sistema electoral.  No se advierte la razón para que estas importantes leyes sean definidas en la parte final del período legislativo, en sesiones cuya duración está marcada no por el tiempo requerido para resolver adecuadamente las materias, sino más bien por los lapsos máximos para que puedan ser despachadas antes de fines de este mes.

Se ha tratado de transmitir a la población la idea de un Poder Legislativo que trabaja extraordinariamente para sacar los proyectos, pero es posible que la imagen de sesiones en horas de la madrugada y de parlamentarios durmiendo durante su realización lleve a la opinión pública a una apreciación muy diferente a la buscada, más cercana a la improvisación que a la discusión responsable de las leyes. 

Lamentablemente, el gobierno ha fijado en la rapidez del despacho de los proyectos una prioridad por encima de la acuciosidad y revisión profunda de las reformas que envía al Congreso. Una idea de los problemas que esto puede generar la está dando la reforma tributaria -también aprobada con una premura que hoy resulta insólita- donde todos los expertos apuntan a las confusiones y vacíos que ha revelado la lectura de su texto, que hará muy difícil su aplicación práctica y que aumenta innecesariamente los efectos negativos que ya ha generado.

En el caso de la reforma educacional aprobada esta semana en el Senado,  un examen somero de su texto pone de manifiesto que es el resultado de una suma interminable de cambios con diferentes sentidos y propósitos, destinados a resolver rápidamente las objeciones de los sectores más críticos de la Nueva Mayoría y así obtener los votos para lograr su aprobación antes de que terminen las sesiones legislativas.  Ciertamente no fueron recogidas las críticas  planteadas no sólo por la oposición, sino por amplios sectores relevantes en la educación chilena -representantes de los sostenedores, de los apoderados, centros de estudios y especialistas en la materia-, que en buena medida explican la opinión mayoritariamente negativa hacia la reforma que exhiben las encuestas. Pero, peor aún, los cambios no tienen la mínima consistencia regulatoria que es exigible a cambios de esta envergadura.

En el caso de la reforma educacional, además, no hay explicación alguna para esto -salvo probablemente el interés de aprovechar las vacaciones escolares y la oposición que se manifestaría al proyecto, al retorno a clases en marzo -, toda vez que su vigencia está diferida para  2016, con lo que no es entendible que no se haya dado el tiempo necesario para su tramitación. Lo mismo puede decirse de la reforma electoral, que obviamente no se aplicará hasta el año 2017.

La actual administración tiene todo el derecho a plantear las reformas que busquen llevar a la práctica las promesas y propuestas que fueron parte de su plataforma en la última elección, pero eso no puede ser hecho a costa de la falta de rigurosidad e improvisación en la definición de políticas públicas esenciales para el futuro y el progreso del país. En esta materia, la experiencia del Transantiago y los costos económicos y sociales que ha generado no debería ser olvidada.