SE HA SUSCITADO un interesante debate político, originado en la insatisfacción de un grupo de intelectuales de derecha con el actual programa de gobierno, que estaría apartándose de los principios que sustentan la acción de la Alianza. 

Desde fines de 1973, Chile tiene un Estado que promueve subsidiariamente el bien común.  Este principio se origina en la Doctrina Social de la Iglesia, y tiene la virtud de respetar la libertad individual, de ser plenamente compatible con la democracia, de permitir la existencia de gobiernos sustentados en ideologías de una considerable diversidad, y de haber probado ser muy exitoso en generar desarrollo, no solamente en Chile, sino en un gran número de otros países occidentales.

A su alero se fue construyendo nuestro esquema económico-social.  Este se basa en una economía de libre mercado, en que el Estado tiene, precisamente, un rol subsidiario. En este ámbito, dicho rol consiste en que el Estado debe realizar aquellas acciones que son necesarias para alcanzar el máximo bienestar social, siempre que los privados o cuerpos intermedios no quieran o no puedan realizarlas.  En la práctica, esto se ha traducido en numerosas disposiciones regulatorias y en un importante gasto social orientado a igualar oportunidades, pero también en acciones fiscales meramente redistributivas.

En el ámbito socioeconómico, el debate sobre los principios surge por dos motivos. Por un lado, no toda falla de mercado -que las hay y no son pocas- justifica la intervención correctiva del Estado.  Esta última es costosa, incluyendo por las restricciones que impone a la libertad individual. 
Pero como a menudo no se pueden hacer mediciones convincentes sobre los beneficios o costos de las intervenciones, es que éstas últimas tienden a ser implementadas en base a la confianza en el funcionamiento del mercado (centroderecha) o del Estado (centroizquierda). 

Por otro lado, aunque llegáramos a tener una economía eficiente y con los incentivos correctos, no hay forma de saber cuál es la distribución del ingreso que maximiza el bienestar social. Redistribuir tiene un costo en términos de menor crecimiento y -cuidado- posiblemente termine generando también mayor pobreza. Además, el costo de redistribuir tiende a aumentar en progresión geométrica con el monto redistribuido. Por no ser sólo una materia técnica, la redistribución se decide indirectamente en las urnas, siendo la centroizquierda, decididamente, más proclive a impulsarla que la centroderecha, que resalta sus costos. 

En definitiva, la definición de políticas económico-sociales no es sólo un asunto técnico, sino también de valores o principios, y no pocas veces, de conveniencias.  La centroderecha privilegia, en el marco de nuestro modelo y en los términos anteriores, soluciones de mercado libre en que se expresan las preferencias individuales y el crecimiento económico. 

La centroizquierda, en cambio, prioriza la acción estatal y la redistribución de ingresos.  Usted ubique al actual gobierno en este mapa.  A mí me parece que está en todo el centro, lugar que probablemente esté aspirando a ocupar, no tanto por un asunto de principios, sino más bien por motivos político-electorales.