Tras una reciente sentencia por fraude al fisco contra tres ex funcionarios del Hospital San Pablo de Coquimbo, dictada el 1 de mayo por el Juzgado de Garantía de dicha ciudad, ahora cuatro particulares que se coludieron con los anteriores han sido condenados por delito de estafa. De este modo comienza a cerrarse el círculo en torno a este caso, que terminó con la defraudación de $ 77 millones 450 mil 825 al centro asistencial en nueve hechos comprobados, ocurridos entre octubre de 2003 y enero de 2005, por parte de una red delictiva que incluía a directivos y empleados del establecimiento y al menos a cinco personas externas al servicio.

En dos juicios separados, el mismo tribunal declaró culpables a Luis García Castillo (47) y Freddy Rivera Campos (51), y a Rubén Godoy Urrutia (46) y Héctor Hugo González (71). En ambos casos, los condenados admitieron que habían mantenido contactos con los ex funcionarios del hospital, Maritza Castillo Vega, Claudio Ramírez Araya y Francisco Rojas Velásquez, para la entrega de facturas falsas y así simular compras de insumos, sin contar con la debida autorización del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con sus iniciaciones de actividades.

Los cuatro sujetos fueron sentenciados a 60 días de presidio –con beneficio de remisión de condena, por no poseer antecedentes penales previos– y al pago de diez Unidades Tributarias Mensuales por cada uno.

El fraude fue descubierto a partir de un sumario del Servicio de Salud Coquimbo, que pasó después a la Contraloría Regional y, finalmente, al Ministerio Público. De acuerdo con la investigación, los ex funcionarios del hospital, liderados por el entonces subdirector administrativo del establecimiento, Jorge Gutiérrez Zepeda –quien se ahorcó en abril de 2007, luego de ser descubierto–, implementaron un procedimiento que les permitía simular adquisiciones de bienes a nombre del centro asistencial, generalmente consistentes en insumos de aseo y otros. Sin embargo, los materiales adquiridos nunca ingresaban o llegaban en cantidades menores a las pagadas, pese a lo cual se entregaban las facturas correspondientes y se pagaban cheques a nombre del hospital. Muchas de tales facturas eran falsificadas, extendidas a nombre de particulares no autorizados para entregar ese tipo de documentos y empresas inexistentes.

Para montar toda esta maquinaria, el grupo contó con la complicidad de comerciantes y empresas locales, como era el caso de estos últimos cuatro condenados.

Actualmente se encuentra en proceso el juicio contra un quinto y último ciudadano involucrado en el caso.