LA IMPUTACION realizada por la justicia española en contra de la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos de España, ratifica el mal momento por el que atraviesa la monarquía en ese país y el escaso apoyo popular con el que cuenta el soberano.

El martes, un tribunal de Palma de Mallorca citó como imputada a la infanta Cristina, quien deberá declarar el 8 de marzo, acusada de delito fiscal y blanqueo de capitales en un caso que también envuelve a su marido, a quien se le sindica como responsable de defraudar al Fisco a través de la operación de una entidad sin fines de lucro. Aunque la casa real ha rechazado los cargos, la acusación constituye un golpe, en momentos en que las encuestas muestran que sólo el 49,9% de la población apoya la mantención de la monarquía y el 62% cree que el rey debe abdicar a favor de su hijo, el príncipe de Asturias.

Pese a que la citación a la infanta constituye, por un lado, una positiva señal de que en España la justicia es capaz de actuar con independencia, lo cierto es que ella daña al que probablemente sea el más visible signo de unidad nacional de un país cruzado por regionalismos y nacionalismos, algunos de los cuales, como en el caso catalán, promueven la secesión. La débil posición de aislamiento en que de manera creciente ha ido quedando el rey debe obligarlo a reflexionar sobre su futuro en el cargo, más aún si el príncipe heredero ha mostrado madurez y sobriedad y cuenta con amplio apoyo entre los españoles, quienes creen que se encuentra preparado para acceder al trono.