Multas de hasta $ 44 millones arriesgarán los hospitales y clínicas que no informen a un paciente cuando califique para acogerse a la Ley Ricarte Soto, que financiará tratamientos para enfermedades de alto costo.

Así lo establece uno de los reglamentos de la normativa, que ya inició el proceso de consulta pública que lidera el Ministerio de Salud.

El documento establece que las isapres, Fonasa y los recintos asistenciales de las Fuerzas Armadas, cuando corresponda, deberán comunicar a los usuarios que poseen una enfermedad susceptible de ser cubierta por la Ley Ricarte Soto, para que comience su tratamiento médico. En caso que un paciente no sea informado, las sanciones van desde una amonestación hasta multas que llegan a las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales ($ 44 millones 243 mil).

Además, los recintos deberán comunicar a los beneficiarios a qué red de centros podrían acudir. El reglamento dice que los establecimientos que podrán atender a pacientes de la Ley Ricarte Soto serán seleccionados por una Comisión de Evaluación de Prestadores. También se plantea que las patologías tendrán garantía de oportunidad -plazo de atención- y de calidad, y que no habrá copago.

Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza de Pacientes, explica que urge que se ponga en marcha la normativa a más tardar a octubre, pues el parlamento fijó que los reglamentos de dan operatividad a la ley deben estar terminados en 90 días. “Aún falta otro reglamento, que es el que define el umbral o condición financiera de una persona para que pueda ser ayudada por este fondo”, dijo Rodríguez. Agregó que “buscamos que se forme una  instancia de trabajo con Salud, en la que puedan participar los pacientes”.

La senadora (DC) Carolina Goic añadió que espera que “esta ley opere pronto para que beneficie a la mayor cantidad de personas posibles”. Sostuvo que resta dictaminar cuáles patologías van a ser financiadas.