UN INTENSO debate se ha generado ante la propuesta de que a partir del 2013 Carabineros deje de cumplir funciones de seguridad al interior de los estadios de fútbol y lo haga exclusivamente en el perímetro de las instalaciones, según lo han planteado el encargado del plan gubernamental Estadio Seguro y la institución policial, basándose en una disposición contenida en la Ley de Violencia en los Estadios. Esa seguridad interna quedaría en manos de los clubes deportivos dueños del espectáculo, entidades que para tales efectos deberán contratar a guardias de seguridad. Este cambio ha sido resistido por varios dirigentes deportivos, argumentando que la mantención del orden público es un deber constitucional de Carabineros y que, a diferencia de lo señalado por las autoridades, la Ley de Violencia en los Estadios no contempla un cambio en las tareas que los efectivos uniformados cumplen actualmente al interior de los recintos donde se desarrollan los partidos del fútbol profesional.

Impulsar una iniciativa de este tipo parece una buena decisión por varias razones. En primer término, porque de esa manera se traspasaría a las instituciones organizadoras de los eventos deportivos la primera responsabilidad de garantizar la seguridad de los asistentes, que es lo que corresponde en definitiva, al tratarse de una actividad privada. Esto, a su vez, debiese servir como aliciente para que las entidades deportivas asuman sin dobleces el compromiso de terminar definitivamente con la violencia, voluntad que implica poner fin a todo vínculo existente entre los dirigentes deportivos y aquellos grupos de hinchas que de forma reiterada protagonizan acciones delictuales. En algunos casos esos nexos son de larga data y derivaron, incluso, en el financiamiento de las denominadas "barras bravas", que con su actuar violento han provocado un tremendo daño al espectáculo deportivo.

Asimismo, permitiría que el Estado y las entidades organizadoras compartan el costo que significa mantener la seguridad de dichos espectáculos. Este aspecto es relevante, considerando que actualmente la cobertura policial del fútbol profesional importa un monto cercano a los $ 70 millones en cada fin de semana y requiere de la presencia de al menos dos mil carabineros. Con esta medida, un número importante de efectivos policiales podría ser destinado a sus funciones prioritarias. Por lo demás, como lo ha indicado la propia institución policial, ello no significaría que dejen de cumplir su rol de mantener el orden público, ya que deberían estar listos para intervenir en caso de que ocurran incidentes mayores al interior de los estadios, tal como sucede en otros espectáculos.

El éxito de esta iniciativa en caso de implementarse dependerá en gran medida de la capacidad que tengan los dirigentes y Carabineros de actuar coordinadamente, para lo cual es muy importante que se aplique con gradualidad y se defina con claridad el ámbito de actuación y las funciones de los guardias privados. Hasta ahora se sabe que para partidos de alta convocatoria se exigiría uno por cada 100 espectadores, y para el resto de los encuentros, uno por cada 150. Esta y otras medidas de seguridad que se han comenzado a aplicar           -como la instalación de torniquetes en los accesos de los recintos deportivos- debiesen contribuir sustancialmente a la erradicación de la violencia en los estadios.