GRAN PARTE de los delitos en Chile son contra la propiedad y cometidos sin violencia, por unos pocos infractores, y en ciertos lugares públicos y horarios, y el país cuenta con información que indica dónde, cuándo y a quiénes intervenir para resolver parte importante del problema. Además, hay evidencia internacional sobre qué funciona y se ha probado que estas intervenciones funcionan en Chile si se implementan bien. El desafío actual es lograr que cada institución que participa ya sea en la prevención social temprana, la prevención situacional -que aborda los diversos factores de riesgo físicoespaciales que conforman oportunidades delictivas-, la persecución penal y la rehabilitación y reinserción de infractores, focalicen sus recursos en lugares y perfiles de mayor riesgo delictivo, y desplieguen oferta basada en evidencia y de calidad, de forma sostenida y con las coberturas necesarias.

Al respecto, los candidatos a la presidencia han presentado un conjunto de más de 70 propuestas, imposibles de abordar en este espacio, pero que permiten plantear una primera gran y positiva conclusión: son contenidos transversales la prevención temprana, la rehabilitación de drogas y la reinserción de personas que han infringido la ley. Se ha enfatizado correctamente el sistema escolar, ya sea como plataforma para prevenir la violencia y el consumo de drogas o desplegar oferta psicosocial focalizada o reintegrar a los que han desertado, complementándolo con instancias prejudiciales o con el sistema penitenciario. Se advierte, también, la construcción de propuestas sobre la base de lo que ya se ha realizado, crítico para lograr avances, y en el caso de las candidatas Bachelet y Matthei, destacan también el énfasis en la evidencia y el foco puesto en barrios críticos. En este contexto, el cómo se logra articular el trabajo entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y los ministerios sectoriales, y efectivamente, aumentar el presupuesto en prevención -al que se le destina, cuando mucho, uno de cada 10 pesos gastados en seguridad- serán claves en el próximo gobierno.

Una segunda conclusión general es que en el ámbito del control existe la aspiración compartida de lograr un sistema de persecución penal que responda mejor a las necesidades de la ciudadanía, pero hay una mayor dispersión en contenidos y pertinencia de las propuestas para lograrlo, pasando desde aumentos de dotación, comisarías o cuarteles o mayores atribuciones policiales, y terminando en audiencias vecinales, la publicación de estadísticas desagregadas u otros mecanismos de rendición de cuentas. Esto se debe a que en Chile las instituciones de control carecen de planificaciones estratégicas, en que clarifiquen la contribución que hacen a reducir el delito y qué medios humanos, materiales y financieros requieren para ello, estableciendo una hoja de ruta de largo plazo. Con todo, no cabe duda de que hemos emprendido un nuevo ciclo, en que empiezan a escasear propuestas "novedosas", pero técnicamente infundadas, y a ser más frecuentes las con sustento, pero "aburridas". Y esto es tremendamente positivo, porque para lograr más seguridad, hay que partir por tomársela en serio.