Solange Huerta lidera una de las unidades de la Fiscalía Nacional a cargo de un creciente problema en Chile: la violencia de género y al interior de los hogares. Como ex fiscal regional Occidente y directora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, está preparando un diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre esta materia, para abordarla de manera integral. En entrevista con La Tercera, Huerta analiza los temas relacionados con este fenómeno.

¿Cuáles son los nudos críticos que tiene el sistema?

Una legislación es sólo eso. Si no hay correlato de recursos necesarios, no va a poder cumplir los objetivos que la misma pretende. Desde esa mirada, lo que indicamos es que si se pretende modificar la Ley 20.076 (de violencia intrafamiliar), la nueva norma tiene que contemplar los recursos necesarios para el cumplimiento del objetivo. Esto se traduce, por ejemplo, en que efectivamente exista una red pericial para que podamos valernos de un antecedente adicional, en términos investigativos, que al día de hoy no existe para esto delitos. Sabemos los casos de violencia de género tienen un fuerte potencial de retractación por parte de la víctima. Por eso, otros elementos de prueba son absolutamente indispensables.

¿Cuáles serían esos elementos?

Tener una red pericial con la que pudiésemos explicarle al tribunal en qué parte del ciclo de la violencia está la mujer, demostrar que cuando denunció era una situación real.

Las mujeres que son víctimas muchas veces están en situación de vulnerabilidad, porque dependen del agresor...

Por eso o por elementos propios de vulnerabilidad. Muchas mujeres hacen la denuncia y el imputado sale del hogar común, pero lo que pasa posteriormente es que retorna. Está este concepto que se tiene como un poco arraigado de que "no me va a volver a pasar". Y lo que a uno le muestra la evidencia, es que muy probablemente le va a volver a ocurrir. Entonces, para nosotros es importante tener un elemento adicional de prueba, como un informe pericial psicosocial, que explique el fenómeno concreto de esa mujer. No se trata de ir a hablar en teoría, sino en concreto de su situación de vulnerabilidad y explicar por qué  no vamos a tener su testimonio en juicio.

¿Esos casos terminan en nada?

Van a terminar (en algo) si tenemos otros elementos de prueba. Porque si el agresor ataca a la mujer, no en el ámbito privado del domicilio, y hay testigos de los hechos y una certificación de lesiones, ahí habrían antecedentes adicionales.

Muchas de estas agresiones ocurren entre cuatro paredes...

Cuando no tenemos testimonios y esta agresión se da en un contexto privado, sin otros testigos más que la propia víctima, y si ella posteriormente indica "no, sabe que no me pegó, la verdad es que me caí", es complejo levantar un caso. Por eso es relevante una prueba pericial detrás que pueda avalar el tema de que "mire, lo que pasó en este caso es un fenómeno de retractación que pasa habitualmente", y el por qué la mujer se retractó.

¿Cómo toma el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que ratifica como atenuante el arrebato producto de una infidelidad?

Debiese estar en la ley que en casos de violencia intrafamiliar no se considere. Porque en la violencia de género hay ciertos estereotipos y, lo que señalamos en relación a esta atenuante, es que justifica lo que nosotros por vía legislativa queremos prohibir: que un hombre se sienta con el derecho a agredir a una mujer. Muchos jueces no la aplican y la rechazan porque estiman que no es aplicable en el  marco de la violencia intrafamiliar, porque precisamente lo que sanciona es la violencia. La base de "yo te agredo porque me fuiste infiel", en términos de estereotipos, es "yo siento que soy tu dueño". Lo que  proponemos es que esto no debiese quedar a criterio del juzgador, sino que exista una prohibición de aplicación. No hay que  permitir que un hombre se sienta con el derecho de agredir a una mujer, porque, por ejemplo, le fue infiel.

¿Cómo funcionan los centros de reeducación de agresores?

La oferta es muy poca. De hecho la ley parte sin esa oferta y, en estos 10 años, han existido programas, pero es absolutamente insuficiente con la cantidad de denuncias o de potenciales sujetos que deberían someterse a un tratamiento psicológico.

¿Qué elementos faltan en la legislación actual?

La ley optó por sancionar y crear una ley de violencia intrafamiliar, y ahí establece una serie de sujetos que pueden ser dignos de protección. La primera observación es "bueno, si esta es una ley, si establece un estatuto especial, los sujetos de protección debiesen tener un plus en términos de ejercer vulnerabilidad". Y, desde nuestra perspectiva, esta norma debiese aplicarse a mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad, porque cuando tu amplías el marco de protección, haces que esto sea tan masivo que es más difícil concentrar los esfuerzos. Lo segundo es que hay una etapa en que la víctima presenta un mayor riesgo de vulnerabilidad, que es el período entre la denuncia y la condena. Creemos que , en cuanto a las medidas de protección o cautelares que se pueden decretar, habría que afinar el ojo. Se podría contemplar el control telemático.

¿Cómo la tobillera electrónica?

La tobillera sí, pero como medida cautelar, de protección. Lo que el Estado lo que en definitiva quiere es que el imputado no se acerque a la víctima. Y para eso, tienes que tener un control de que, cuando eso está pasando, te emita una alerta. También te permitiría tener mejor control de la ley, en pos de la protección de la víctima. Y eso al día de hoy, no está contemplado. Nosotros creemos que eso también, desde la perspectiva legislativa, debería reestudiarse y mejorarse en términos de protección. Es imposible que uno le ponga un carabinero de punto fijo a cada víctima de violencia intrafamiliar, porque recibimos alrededor de 140 mil denuncias al año.