Una millonaria indemnización deberá pagar el Fisco a los familiares del detenido desaparecido Washigton Cid Urrutia, militante del Mir que  fue arrestado en diciembre de 1974 en la ciudad de Chillán, Región del Biobío.

La Tercera Sala de la Corte Suprema estableció que la parte civil en los crímenes es imprescriptible y que el Estado tiene la obligación indemnizatoria cuando se trata de violación de Derechos Humanos protegidos por la Constitución, y los tratados internacionales.

Se trata de un fallo inédito en materia de Derechos Humanos, que avala lo estipulado por tratados internacionales y que determina que el Estado no puede hablar de inexistencia de responsabilidad en este tipo de hechos cuando miembros de sus órganos de seguridad se involucraron en torturas, desapariciones forzadas y muertes.

" Que en lo relativo al daño moral sufrido por los demandantes sin duda la detención y desaparecimiento del cónyuge y padre de uno de ellos, en las circunstancias que dan cuenta los autos, (indican que) la familia de la víctima  tiene el derecho  básico al oportuno esclarecimiento del crimen, a la justicia", indica la resolución.

El máximo tribunal del país, finalmente, ordena al Fisco a pagar $260 millones a la viuda de  Washington Cid y  a su hijo.