El gobierno nipón lamentó la decisión de Australia de denunciar a Japón ante la Corte Penal Internacional de La Haya para frenar la caza de ballenas en la Antártida, algo que el país asiático asegura realizar con fines científicos.

"Lamentamos que Australia haya llevado el caso ante la Corte Penal Internacional cuando todavía hay una negociación en marcha ante la Comisión Ballenera Internacional (CBI)", dijo hoy a Efe un portavoz del ministerio japonés de Asuntos Exteriores.

También insistió en que Japón caza ballenas con objetivos científicos y ello "va en cumplimiento con la ley, según el artículo 8 de la Convención para la Regulación de la Caza de Ballenas".

Ese artículo reconoce el derecho de los miembros de la CBI a obtener cada año autorizaciones para capturar animales para la investigación científica.

Australia, no obstante, considera que Japón caza ballenas con fines exclusivamente comerciales, por lo que ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de la Haya.

"Estamos preparados para explicar nuestra postura ante la Comisión Ballenera Internacional o ante cualquier otro foro", insistió el portavoz nipón.

También detalló que Tokio proseguirá sus negociaciones "activas" en el seno de la CBI y señaló que está abierto a mantener un diálogo bilateral con Sidney, aunque consideró que, a la luz de la denuncia ante La Haya, ese país "no está preparado" para ello.

También el ministro portavoz del gobierno japonés, Hirofumi Hirano, y el titular de Agricultura y Pesca, Hirotama Akamatsu, lamentaron la denuncia de Australia.

"Japón tomará las medidas correspondientes en base a nuestra postura de siempre", indicó Hirano en referencia a su alegación de caza con fines científicos.

Australia anunció el pasado viernes su intención de denunciar esta semana a Japón ante la Corte Penal Internacional, aunque matizó que, pese a la disputa legal, sigue considerando a Tokio un socio primordial en materia económica y de seguridad en la región.

Japón abandonó la caza de ballenas en 1986 por la moratoria impuesta a nivel internacional, pero la retomó en 1987 invocando motivos científicos, algo que rechazan los ecologistas.