HACE ALGUNOS días se supo, por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), del proceso de prórroga del negocio de Duty Free del Aeropuerto Pudahuel, que se extendió nuevamente a la empresa Aldeasa, mediante adjudicación directa, sin ningún proceso competitivo. Con esta adjudicación se concretarían 27 años ininterrumpidos de explotación de este negocio, que mueve cerca de US$ 80 millones anuales, lo que representa un 32% del presupuesto anual de la DGAC.

Esta cuestionable situación no es aislada y existen una serie de otros antecedentes que, en mi opinión, justifican una urgente intervención del Estado en la DGAC, principalmente en lo que se refiere a la estructura organizacional y atribuciones.

No pretendo poner en duda la probidad de la institución ni la de sus miembros, ni tampoco cuestionar sus resultados e indicadores, algunos de los cuales son muy buenos. Lo que cuestiono es la institucionalidad bajo la cual se rige y opera la DGAC en Chile y las atribuciones que tiene.

En primer lugar, esta institución responsable de la aeronáutica comercial en nuestro país, curiosamente no depende del Ministerio de Transportes, sino de la FACh. Más aún, su director en ejercicio es un general activo de dicha institución, caso prácticamente único en el mundo y herencia del gobierno militar. Su designación por Alta Dirección Pública sería un primer avance en términos de modernización e independencia. Asimismo, diversos dispositivos de infraestructura y funciones al interior de los aeropuertos, relacionados -por ejemplo- con el desplazamiento  y estacionamiento de aviones, arriendo de hangares, etc., y que en otros países se relacionan con el equivalente al Ministerio de Transportes, en Chile también son responsabilidad de la DGAC.

En segundo lugar, la DGAC es la encargada de normar, operar, fiscalizar y sancionar en esta industria, lo que genera evidentes conflictos de interés. Sólo a modo ilustrativo, ¿cómo podremos garantizar la transparencia e independencia en la investigación de un accidente aéreo, como el del 2 de septiembre de 2011 en Juan Fernández, si el fiscal que lo investiga, y el juez que lo sanciona, son el mismo?

En la mayoría de los países, la investigación de accidentes aéreos es realizada por una agencia independiente que reporta sus resultados al presidente o al Congreso. Es el caso de la NTSB (National Transportation & Safety Board), en Estados Unidos, que reporta sus hallazgos directamente al Congreso.

En tercer lugar, la dotación de funcionarios de la DGAC parece ser desproporcionadamente alta. En total son más de 3.400 funcionarios, de los cuales cerca de la mitad son ex funcionarios de la FACh. Sólo como ejemplo, en el aeropuerto de Iquique la empresa concesionaria que lo opera cuenta con cerca de 15 empleados, mientras que la DGAC tiene cerca de 135 funcionarios para el mismo lugar. Estas significativas diferencias también se observan en otros aeropuertos del país.

Estos antecedentes, entre otros, son una señal de la modernización que requiere esta institución, la cual debiera depender directamente del MTT en lo que respecta a institucionalidad y operación, o del MOP en lo que respecta a provisión, explotación y administración de la infraestructura.