La Ley de Inclusión comenzó a regir el 1 de marzo de este año y desde entonces comenzó el proceso que permite transformar la personalidad jurídica de los colegios subvencionados, que deben decidir si convertirse en fundaciones, pasar a ser particulares pagados o cerrar. Guido Crino, vicepresidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), criticó la implementación de la norma y advirtió sobre los efectos que esto puede generar.

¿Cómo ve la implementación de la Ley de Inclusión?

La Ley de Inclusión presenta una gran complejidad que dificulta enormemente su implementación jurídica y práctica. De hecho, su carácter modificatorio toca la legislación básica del sistema escolar chileno, alterando de forma radical la gestión financiera, administrativa y pedagógica de la educación particular subvencionada, que debe enfrentarse a un nuevo escenario no exento de serias dificultades.

¿Qué dificultades?

Hay que distinguir la implementación jurídica, que es tarea del gobierno, de la implementación práctica, que es en los establecimientos.   Respecto de la primera, que estuvo a cargo de 15 comisiones para elaborar 16 reglamentos y modificar otros nueve, ha sido lenta y difícil. Las mayores dificultades han estado radicadas en aquellos puntos referidos a la exigencia de la ley de que los sostenedores, una vez constituidos como fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, deben ser propietarios. Para ello, deben abocarse a la posible adquisición de terrenos e infraestructura con cargo a créditos concedidos por la banca con el aval de Corfo. Pero cuando hemos recurrido a los bancos, nos han dicho que aún no se define una política crediticia. Los bancos consultados dicen que no visualizan esto como un negocio atractivo.

 ¿Y la implementación práctica en los colegios?

Sin la primera implementación jurídica del Mineduc concluida, se dificulta la implementación local en los colegios, lo que es grave. De acuerdo a la opinión mayoritaria de los sostenedores, esto genera dudas y dificultades en la proyección de la gestión financiera, administrativa y pedagógica de los colegios. No tanto este año, sino en el mediano y largo plazo, serán muchos los que se verán enfrentados a una compleja y difícil toma de decisiones urgidos por los plazos: transformarse en pagados, cerrar, constituirse como fundaciones o corporaciones, adquirir inmuebles mediante operaciones crediticias, conseguir la prórroga de comodatos, muchas de ellas dependientes de la voluntad de terceros. Además, todas estas decisiones requerirán asesoría financiera y legal de alto costo.

 ¿Qué cree que ocurra?

Hay decisiones previsibles de muchos sostenedores en el mediano y largo plazo. Los de alto copago, con fuertes compromisos de gastos fijos en remuneraciones de su planta docente y con pocos alumnos de los quintiles bajos, que están situados en los grandes centros urbanos, seguramente se transformarán en colegios pagados.  Calculamos que la matrícula actual en ese tipo de colegios pasará del 7% al 10% en el mediano plazo, ya tenemos información de pasos como ese en la Región Metropolitana, Concepción, La Serena, Antofagasta e Iquique. Son decisiones en estudio. Eso se transforma en una fuerte política contraria al propósito de inclusión.

¿Cumple la ley con sus metas?

En aspectos como las utilidades, no. No termina con el lucro, simplemente hay un cambio de destinatarios: ahora serán las instituciones financieras, abogados y contadores los receptores de los excedentes que serán restados a los “fines educativos” que el Estado destina al sistema escolar.

¿Se deben rectificar algunos aspectos de la ley?

Sí, en la medida que exista voluntad en el gobierno para hacer un “pacto de gobernabilidad  abierta”. Urge un examen de las políticas educativas de esta administración y que afectan seriamente a la educación particular subvencionada. Políticas que no se limitan a la gestión sostenedora, sino que afectan a todos los integrantes de sus comunidades.