SEÑOR DIRECTOR

La Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley que permite el retiro del llamado “segundo 10%”, y en esta ocasión, el proyecto legislativo otorga facultades al juez de Familia para que retenga el monto de ese retiro por el total de las deudas alimenticias que mantenga el afiliado deudor alimenticio, pese a que este último no manifieste su voluntad de retirar fondos.

La ley anterior, que aprobó el retiro del “primer 10%”, dejó en evidencia la dramática situación que existe en Chile respecto a la cantidad de pensiones alimenticias que no se pagan. Muchos parecieron sorprenderse frente a las cifras, y la opinión pública mostró unánime rechazo frente a tal situación. Probablemente por lo anterior es que este nuevo proyecto ya no deja entregado a la voluntad del deudor alimenticio el realizar o no el retiro, otorgándole a las deudas alimenticias una categoría preferente a cualquier otro tipo de pasivo.

Pero habiendo visto esta realidad, ¿no sería también prudente preguntarse por qué se ha llegado a este nivel de morosidad? ¿Por qué hasta ahora no ha existido sanción social, moral ni económica para los deudores alimenticios? Y, finalmente, ¿no será tiempo también de comprender la relevancia social (y económica) que tiene el derecho de familia, y en consecuencia demostrarlo desde todo punto de vista?

Los legisladores pueden mejorar estructuralmente la forma en que nuestra legislación aborda las obligaciones alimenticias, revisando, modernizando y organizando (hoy se regulan en distintos cuerpos legales) las normas aplicables, y generando garantías seguras para los alimentarios y sanciones efectivas para los deudores.

El gobierno podría avocarse a la tarea de crear programas educativos y sociales que promuevan a la importancia de asumir las obligaciones que implica la formación de una familia, y mejorar las partidas presupuestarias vinculadas a las instituciones relacionadas con el derecho de familia.

Finalmente, el Poder Judicial, que ha visto el tremendo esfuerzo y recarga laboral que ha significado para los tribunales de Familia implementar y efectivizar en tiempo récord la primera modificación legal, posicionar a estos mismos tribunales conforme a la enorme relevancia social que implica su labor.

Daniela Horvitz

Presidenta electa de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia