Desde el 13 de agosto todas las llamadas comerciales y masivas en Chile deben usar el prefijo 600 si existe autorización previa del usuario y 809 si no la hay. Si bien es un avance operativo, seguimos sin saber cómo obtuvieron mi número, mi nombre o mis planes con otros proveedores.

Durante décadas, un marco legal rezagado y el escaso conocimiento sobre nuestros derechos como titulares de datos permitió que estos circularan libremente, generando un mercado de bases de datos que bajo un “interés legítimo” amplio vació de contenido al consentimiento informado.

Afortunadamente, la Ley N° 21.719 subió el estándar al modernizar la protección de datos personales, crear una Agencia de Protección de Datos y robustecer los derechos que tenemos los ciudadanos. Si bien la ley entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026 y actualmente estamos en un período de preparación, no basta con decir “te llamo desde un 809” para que la llamada sea permitida, pues la propia Subtel ha explicado que el esquema de prefijos no obsta a los derechos de los ciudadanos y si una persona ejerce oposición o supresión, no debería seguir siendo contactada. En otras palabras, el 809 no es un “permiso” para probar suerte con bases de datos, porque si no hay consentimiento vigente o habilitación legal, no debiera haber llamada.

Si bien el incumplimiento puede acarrear multas significativas, más que centrarnos en el “garrote”, el foco debiera estar en perseguir el origen de quién recolecta, vende o trata datos de manera ilegítima.

¿Qué hacer ahora? Se podría partir por requerir trazabilidad para toda organización que use el 809, obligándola a exhibir a la autoridad y al titular la procedencia del dato y su tratamiento. Adicionalmente, es necesario evitar que el 809 se transforme en el sello de “llamada no consentida, pero permitida”. Para ello, se debería cerrar la puerta a las bases de datos cuyo origen se desconoce; así, sin consentimiento verificable o habilitación legal, no se llama. Finalmente, resulta indispensable una acción coordinada entre la Subtel, el Sernac y la futura Agencia de Protección de Datos, para fiscalizar intermediarios y sancionar a quienes persistan en la opacidad.

Como ciudadanos debemos exigir transparencia, ejercer nuestros derechos cuando corresponde y usar los canales de reclamo ante llamadas masivas que no usan 600/809 o que insisten, pese a la negativa. El Estado, por su parte, debe empujar campañas públicas que alfabeticen en privacidad y desincentiven la exposición indiscriminada de nuestros datos personales.

Los prefijos son un primer paso, sin embargo, esperamos que con la plena implementación de la nueva ley, recibir llamadas 809 sea algo excepcional en el muy corto plazo. Pasemos del “te aviso que no pediste esta llamada” al “no te llamo si no puedo demostrar que puedo hacerlo”.

Por Soledad Arellano, vicerrectora Académica y de Investigación UAI, y María José de las Heras, secretaria general UAI