Acuerdo por agenda social en el Senado

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El acuerdo alcanzado en el Senado que permite un aumento de las pensiones solidarias y reducción en el pasaje del trasporte público para los adultos mayores ha sido un paso positivo, tanto porque vuelve a dar una señal de que es posible alcanzar acuerdos entre gobierno y oposición -algo fundamental en el enervado clima actual- como por el hecho de que se hace cargo de una sentida aspiración social y acota la forma en que será abordada.

Un acuerdo de esta naturaleza era indispensable, considerando que la Cámara de Diputados había aprobado por amplia mayoría un aumento de las pensiones solidarias en 50% -a pesar de que el proyecto del Ejecutivo planteaba un alza del 20%-, cuyo origen estuvo en una indicación parlamentaria, contraviniendo expresamente la Constitución, pues se trata de una prerrogativa exclusiva del Presidente de la República. Resultaba necesario que en el Senado se rectificara esta actuación, contando con el concurso del Ejecutivo. Fue así como se acordó que para los mayores de 80 años, el incremento sería automáticamente del 50%, y para adultos mayores de menor edad dicho incremento se hará en forma escalonada.

El costo fiscal del paquete aprobado -que también considera alivios en el precio de los medicamentos- supera los US$ 1.500 millones, monto que resulta especialmente exigente considerando la actual estrechez de las finanzas públicas. El Ministerio de Hacienda ha señalado que resulta fiscalmente sustentable, si bien obligará a reasignar una serie de gastos, que no han sido especificados. Es positivo que se busque hacer hincapié en que cualquier nuevo gasto debe tener especificado su fuente de financiamiento, pero es también un recordatorio de lo complejo que será ir cuadrando el gasto ante las crecientes presiones.

Hay un riesgo latente de que la llamada "agenda social" comience a desbordarse y no encuentre límites. Es una señal inconveniente que el gobierno haya estado reaccionado a cuentagotas y que por otro lado desde el mismo Congreso se esté presionando constantemente por expandir los beneficios sociales en forma ilimitada. Por ello cabe esperar que el acuerdo que se haya alcanzado en el Senado responda a una planificación bien acabada por parte del gobierno respecto de cuáles serán los límites de la agenda y el monto que pretende comprometer en ello, y se evite seguir improvisando en la materia o dando la idea de que las fuentes de financiamiento son inagotables.

El Congreso debe asumir también la responsabilidad que le cabe para efectos de actuar con prudencia y evitar seguir incurriendo en presiones populistas o actuaciones inconstitucionales. La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de rectificar su lamentable proceder y aprobar la agenda que se ha logrado consensuar en el Senado. Lamentablemente algunos diputados, en especial opositores, han salido a criticar duramente el acuerdo, por estimarlo insuficiente, lo que revela las crecientes dificultades para ordenarse en torno a objetivos comunes.

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