Días atrás, se conoció la fórmula con que el gobierno reemplazará el componente aleatorio del Sistema de Admisión Escolar (SAE) para este año, cuya aplicación fue suspendida tras un acuerdo con legisladores de oposición en noviembre pasado. El objetivo de esa suspensión fue posibilitar una discusión largamente postergada, que la izquierda hasta ahora no había querido abrir, sobre los cambios necesarios a un sistema que, en casi 10 años de existencia, no ha cumplido su promesa de eliminar la segregación socioeconómica en la educación escolar. Y que, además, ha mostrado importantes debilidades. Una de las más evidentes: lo limitado de los criterios bajo los cuales asigna los cupos en colegios con sobredemanda. Que el mecanismo que prime para desempatar entre dos postulantes sea el azar no le hace sentido a las familias. Un alumno de buen desempeño debe tener alguna prioridad a la hora de acceder al colegio de su elección. Eso, que es una cuestión de justicia, hoy no ocurre, y fue precisamente lo que los legisladores de oposición buscaron cambiar.

No obstante, el gobierno optó por una modificación cosmética que, en la práctica, mantiene las deficiencias del sistema actual. Su propuesta consiste en ordenar a los postulantes a partir de un número que, en vez de generarse aleatoriamente, se calculará a partir del RUT del estudiante y del identificador del colegio. En esencia, solo se altera la base para realizar el desempate, pero la lógica permanece intacta: sigue siendo un factor ajeno al postulante y desconectado de criterios como su mérito, desempeño, su afinidad y compromiso con un determinado proyecto, sus necesidades educativas o cualquier circunstancia que requiera de alguna consideración. Así, la admisión seguirá dependiendo de la suerte, solo que ahora la de poseer un “buen” RUT.

En definitiva, hasta ahora el gobierno no ha cumplido con el compromiso adquirido. Con ello, no solo debilita la confianza y defrauda las expectativas de las familias que aguardan por transformaciones reales, sino que además le hace un flaco favor al sistema que pretende preservar, al exponer sus debilidades y profundizar con ello su falta de legitimidad. Así también, al apostar por una respuesta superficial que le permita solo salir del paso, el gobierno pone en duda su voluntad para enfrentar las deficiencias estructurales del SAE y avanzar en la reforma que este necesita.

El presente año el sistema de admisión seguirá siendo una lotería. Es de esperar que para el próximo esto cambie, al menos en parte, mediante el proyecto que se tramita en el Senado y que introduce mejoras acotadas. Pero, por lo visto, tendrá que ser un futuro gobierno el que asuma la responsabilidad de implementar los cambios requeridos. Mientras tanto, las familias deberán seguir esperando, supeditando el futuro educacional de sus hijos a los designios de la rueda de la fortuna.