Por Carlos Williamson, ex presidente del Consejo de Alta Dirección Pública

Una reforma constitucional mandató al Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) definir en 30 días una rebaja transitoria en las dietas parlamentarias y en las remuneraciones de ministros de Estado, y luego en 90 días las del Presidente de la República, subsecretarios y altas autoridades políticas de gobierno. Es muy preocupante este mandato. Desde luego, por el escaso tiempo.

Pero el problema es más profundo. Es evidente que el desprestigio del Congreso y de los partidos políticos, que según la última Encuesta del CEP, solo contaron con la aprobación de 3 y 2% respectivamente, está detrás de la motivación de proceder de inmediato a una rebaja de remuneraciones. Hay un inconfesado deseo de mostrar sensibilidad y reaccionar frente al termómetro de la mala percepción ciudadana, tensionada además por la crisis sanitaria y económica, pero tomando una ruta equivocada.

La Alta Dirección Pública fue creada para seleccionar directivos públicos que cumplen funciones ejecutivas en base al mérito profesional de los postulantes. Y ha sido un modelo exitoso. Si bien cuenta con competencias para el estudio de salarios y compensaciones de profesionales públicos para la gestión, se la obliga a pronunciarse en un ámbito que no es suyo: directivos que cumplen funciones políticas. No corresponde utilizar la reputación de un organismo que goza de legitimidad en lo técnico para resolver un problema de legitimidad política. Así, la ADP queda atrapada en un difícil dilema. Si procede con cautela, como pareciera de toda lógica, porque bajar los sueldos, entre otras razones, es una medida injusta, ya que afecta el bolsillo de personas que llegaron a trabajar con reglas conocidas que se cambian, y decidiera no modificar mayormente los pagos, podría ser acusada de debilidad cuando no, de complicidad. Y si hace una reducción drástica, afectaría toda la cadena de remuneraciones de directivos públicos, bajando el interés por trabajar en el Estado, e incluso verse arrastrada a bajar la asignación ADP en sus propios procesos de selección. En consecuencia, es una medida imprudente y poco meditada.

El Consejo ADP tiene una grave responsabilidad. En este caso concreto, no ceder a la tentación de quedar bien frente a una opinión pública, decepcionada de la llamada clase política. Debe utilizar su capital de prestigio para lo más importante hoy, salvar a la política. El desprestigio de esta actividad en Chile no es de la política con mayúscula, en grande, que es una noble actividad que en verdad muchos practican, el descrédito proviene de que algunos la han despojado de su origen, la vocación de servicio público, para transformarla en un instrumento de dominación. Ese es el real problema que permite entender la desafección ciudadana.