Las proyecciones para 2020 anticipan que el escenario que enfrentará el país en materia económica será el de peor desempeño en una década. De hecho, en su último informe de política monetaria el Banco Central advirtió que "de mantenerse la relación histórica entre la demanda de trabajo y la actividad, y de no producirse cambios significativos por el lado de la oferta, la tasa de desempleo podría superar el 10% a inicios del 2020".

Este profundo cambio en el panorama económico debe implicar, necesariamente, un reenfoque de las iniciativas y compromisos que se están discutiendo actualmente y que tienen impactos en la actividad y el empleo.

Uno de ellos es el proyecto que buscar reducir la jornada semanal a 40 horas. Hace unos días, la comisión técnica transversal convocada por el Ejecutivo emitió su informe final y entre las recomendaciones se encuentra desechar la anterior propuesta del gobierno de llevar a un promedio de 41 horas la jornada, no introducir sesgos por tamaño de empresa y avanzar hacia una jornada promedio de 40 horas, pero hacerlo con gradualidad. En esta línea, el grupo de profesionales pidió suspender temporalmente la tramitación de la iniciativa, "atendido el delicado contexto económico del país y sus proyecciones en materia de crecimiento y desempleo para los próximos trimestres".

Es evidente que con una profunda desaceleración económica en desarrollo –en el mejor de los casos, ya que algunos analistas anticipan incluso una recesión en 2020-, el avance de un proyecto que tendrá efectos negativos en el empleo no hace más que amplificar el adverso panorama que enfrentará el mercado laboral. Más allá de consideraciones políticas, los parlamentarios deben ser capaces de privilegiar iniciativas que no pongan en juego aspectos esenciales como el empleo -principal fuente de ingresos de las familias- por sobre variables que, por sus efectos, debieran ser discutidas en la parte expansiva del ciclo.

Otra iniciativa que debe ser revisada a la luz del panorama reciente es el compromiso del Ejecutivo en materia de reducción de emisiones. Previo a la crisis, el Gobierno había dado a conocer la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, la que planteaba metas para disminuir los gases de efecto invernadero en 45% hacia 2030. De hecho la CPC planteó que "teniendo en cuenta los últimos eventos ocurridos en el país y considerando que las demandas levantadas por la ciudadanía obedecen a un amplio y variado espectro de materias, sería positiva una revisión de las metas", pues es previsible que gran parte de los recursos destinados a esos fines se reasignen a satisfacer aspectos prioritarios de las demandas sociales.

La discusión en materia de políticas públicas no puede obviar los profundos efectos que la crisis política y social tendrá sobre la actividad económica y, por consiguiente, en los ingresos familiares. El equipo económico debe ser capaz de crear contrapesos efectivos en la discusión de iniciativas que tienen efectos evidentes en el crecimiento, la inversión y el empleo, evitando que éstas se conviertan en frenos aún mayores a la débil actividad que experimentará el país en 2020.