El 5 de febrero de 2027 se cumplirán 150 años del decreto firmado en 1877 por el entonces ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, que permitió a las mujeres rendir exámenes válidos para obtener grados universitarios. La conmemoración ha motivado a universidades —como Adolfo Ibáñez, Andrés Bello y San Sebastián— a impulsar el proyecto “Decretadas”, orientado no solo a recordar este hito, sino también a reflexionar sobre los avances en igualdad de género y los desafíos pendientes. Pero, además, ofrece una oportunidad para comprender con mayor profundidad el sentido de esa fecha.

Amunátegui no se limitó a firmar dicho decreto. Impulsó también otras iniciativas, como la autorización para crear liceos femeninos en Copiapó y Valparaíso bajo un esquema particular subvencionado: administrados por privados, pero con financiamiento estatal para ampliar el acceso de niñas de menores recursos. Asimismo, promovió escuelas-taller en Valparaíso, orientadas a la formación técnica en oficios, con el objetivo de favorecer la autonomía económica de las mujeres. A ello se suman los aportes estatales, antes y después de 1891 —año en que se crearon los primeros liceos fiscales de niñas—, a establecimientos impulsados por educadoras como Antonia Tarragó e Isabel Le Brun, quienes ya habían solicitado (en 1872 y 1876) que sus alumnas pudieran acceder a los grados universitarios. Por ejemplo, en 1881, pese a la Guerra del Pacífico, esos aportes ascendieron a 10 mil pesos de la época.

Dado lo anterior, resulta inexacto reducir la acción de Amunátegui a un simple gesto simbólico. Puede discutirse el alcance de estas políticas, pero no su existencia ni su orientación. El decreto —o, más propiamente, el conjunto de las medidas del ministro— no respondió solo a presiones sociales, sino a una convicción: que la educación debía extenderse a toda la población, incluyendo a las mujeres. En esa visión, la libertad de enseñanza no se agotaba en la autonomía de los proyectos educativos, ni en el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos, sino que implicaba también el derecho efectivo a acceder a la educación. En esa síntesis entre libertad de elección, acceso real y cooperación entre Estado y sociedad civil radica, todavía hoy, la vigencia del legado de Amunátegui.

Por último, no deja de ser relevante considerar que figuras como Miguel Luis Amunátegui, José Victorino Lastarria o Abdón Cifuentes, así como Martina Barros, Lucrecia Undurraga y Amanda Labarca, deberían ser hoy mucho mejor comprendidas. Todas ellas, desde distintas veredas, reflexionaron sobre el futuro del país, el sentido de la esfera pública y la igual libertad de mujeres y hombres en la sociedad. Muy distinto es el énfasis de otros referentes, como Diego Portales y Manuel Montt, más orientados a la imposición del orden, no solo para enfrentar la delincuencia —objetivo ampliamente compartido—, sino también a costa de restringir la democracia y la libertad personal.

Por Valentina Verbal, Horizontal