Ayudas sociales bien focalizadas

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Es indispensable que cualquier ayuda social que se busque dar para paliar los efectos de la inflación en las familias se encuadre en una estricta lógica de responsabilidad fiscal, ajena a toda pulsión electoralista.



Si bien el Presidente de la República fue tajante hace algunas semanas en descartar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de Invierno, la idea ha seguido rondando en sectores del oficialismo, particularmente en el Partido Comunista. El Mandatario acertadamente hizo ver que en este momento el Estado no dispone de ingresos que permitan pensar en ayudas universales como las que se vieron en los momentos más álgidos de la pandemia, y recalcó que montos de esa magnitud agravarían el problema de la inflación; no obstante, se abrió a la posibilidad de estudiar algún tipo de transferencias directas a las familias más golpeadas por el alza en el costo de la vida.

Es un hecho que la economía del país está entrando en una fase mucho más compleja, lo que afecta sobre todo a los segmentos de mayor vulnerabilidad socioeconómica. La inflación ha llegado a niveles de dos dígitos -y de acuerdo con el Banco Central es esperable que de aquí a fin de año continúe subiendo-, el aumento de los ingresos de los hogares se ha ido desacelerando, en tanto que la creación de empleos también comienza a moderarse. El inusitado aumento del dólar y su impacto en toda la cadena de bienes importados es otra variable que se suma al cóctel de problemas que aquejan a la economía local.

En un contexto como el descrito, no cabe descartar de antemano algún tipo de ayuda fiscal a las familias más necesitadas, pero precisamente para no seguir introduciendo mayores presiones a una sobrecalentada economía es imprescindible que no se generen expectativas sobredimensionadas en la población, y cualquier medida se encuadre dentro de una estricta política de responsabilidad fiscal.

Un ingreso universal, aun si se pensara como fórmula para un período muy acotado de tiempo, se escapa a estas directrices -un mes de IFE universal cuesta más de US$ 3.000 millones por mes-, y más allá de que el Mandatario lo haya descartado como tal, un mecanismo de transferencias directas también podría llegar a generar efectos adversos en materia de inflación si es que no se acota en forma importante.

Además de los efectos adversos sobre la economía, tampoco podría obviarse del análisis que el país ha entrado en modo electoral, cuando ya quedan menos de dos meses para el plebiscito constitucional. Si bien el gobierno ha declarado que mantendrá una actitud prescindente, en los hechos esto no ha sido así -ello ha sido evidente, por ejemplo, en el tono de las campañas informativas, con un indisimulado sesgo en favor del Apruebo-, y ante el fortalecimiento que ha mostrado la opción Rechazo, no es descartable que comiencen a aumentar las presiones desde el propio oficialismo para que el gobierno se allane a entregar bonos o ayudas cuantiosas, con miras a evitar un mayor descontento del electorado.

El ministro de Hacienda y el Mandatario deberán mostrar aquí su templanza y responsabilidad, para asegurar que cualquier ayuda que se decida entregar a las familias esté desprovista de afanes electoralistas. Lamentablemente abundan los ejemplos de parlamentarios o dirigentes políticos dispuestos al populismo y a ejercer presión para forzar a un mayor gasto -en esto hay una transversalidad que cruza todo el arco político, tal como se ha visto en los retiros desde las AFP-, por lo que cabe esperar que esta vez los partidos y dirigencias sepan estar a la altura y antepongan los intereses del país por sobre cualquier pretensión electoral.

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