Por años, la discusión sobre Basilea III se ha centrado —con razón— en su objetivo principal: fortalecer la solvencia del sistema bancario y reducir riesgos sistémicos mediante mayores exigencias de capital, liquidez y provisiones. Sin embargo, a medida que su implementación se consolida, resulta cada vez más evidente que sus efectos no se agotan en la banca, sino que reconfiguran el conjunto del ecosistema financiero.

Uno de esos efectos es la reasignación del crédito. Al elevar el costo regulatorio de determinadas operaciones, especialmente aquellas intensivas en consumo de capital y asociadas a mayor riesgo relativo, la banca ajusta sus modelos de originación y prioriza segmentos donde la ecuación riesgo–retorno es más eficiente desde el punto de vista prudencial. Este fenómeno no implica una contracción general del crédito, pero sí un desplazamiento parcial hacia otros intermediarios financieros.

En ese contexto, el factoring no bancario ha cumplido un rol creciente en el financiamiento de corto plazo de las pymes. No se trata de una sustitución del crédito bancario ni de un arbitraje regulatorio, sino de una complementariedad funcional. El factoring opera sobre activos reales de la economía —las facturas— y posee una lógica distinta de evaluación de riesgo, más ligada a la trazabilidad del flujo comercial que al balance histórico de la empresa. Esto permite atender necesidades de liquidez que, bajo los nuevos estándares prudenciales, resultan más costosas de canalizar desde la banca tradicional.

A ello se suma una característica estructural del segmento no bancario que suele pasar inadvertida en el debate regulatorio: su mayor capilaridad territorial y sectorial. Las empresas de factoring no bancario están presentes en regiones, en sectores productivos específicos y en segmentos de menor tamaño, donde la información es más dispersa y el vínculo con la pyme es más directo. Esa cercanía no solo mejora la evaluación del riesgo, sino que también reduce fricciones operativas y tiempos de respuesta, factores críticos para la continuidad operacional de miles de pequeñas y medianas empresas.

En este punto, es fundamental introducir una distinción clave para la calidad del debate público: no todo financiamiento no bancario es equivalente. Existe una diferencia sustantiva entre intermediarios financieros formales, que operan dentro del marco legal, con estándares de cumplimiento, trazabilidad y supervisión, y actores informales que funcionan al margen de la ley, sin resguardos para las pymes ni para el sistema financiero. Confundir ambos planos no solo distorsiona la discusión regulatoria, sino que puede terminar perjudicando precisamente a quienes se busca proteger.

Desde una perspectiva sistémica, el desafío es evitar miradas simplistas que asocien el crecimiento del financiamiento no bancario con un vacío regulatorio. La oportunidad, en cambio, es avanzar hacia un entendimiento más profundo por parte del regulador sobre cómo interactúan banca y no banca formal en un entorno de mayores exigencias prudenciales, y cómo ambos segmentos contribuyen -desde roles distintos- a la estabilidad financiera, la transparencia y el desarrollo productivo.

Chile cuenta con una industria de factoring no bancario formal, profesionalizada y con una larga trayectoria de apoyo a las pymes. Reconocer su función dentro del nuevo equilibrio que impone Basilea III, y distinguirla claramente de prácticas informales o ilegales, no solo es consistente con una visión moderna del sistema financiero, sino también con una agenda de crecimiento que pone en el centro a las empresas que sostienen el empleo y la actividad económica del país.

El desafío hacia adelante no es elegir entre banca y no banca, sino construir un ecosistema financiero más diverso, bien comprendido y correctamente articulado con el regulador, capaz de responder de manera eficiente y responsable a las necesidades reales de la economía.

El autor es presidente de EFA (Asociación de Empresas de Servicios Financieros)