SEÑOR DIRECTOR

Hace algunos años, el encargado de recursos humanos de un diario le dijo a sus trabajadores y trabajadoras que, si alguien tomaba parte de las protestas del 1º de mayo que se aproximaba, sería despedido. Los trabajadores y las trabajadoras del diario se unieron, de todos modos, a la protesta. Al pasar frente al edificio del diario, el jefe de recursos humanos figuraba apostado en el techo del recinto junto a un fotógrafo, captando imágenes de quienes circulaban en la masa.

Para esos trabajadores y trabajadoras, que solo marchaban en celebración de reivindicaciones laborales, habría sido totalmente legítimo el haber cubierto sus rostros a efectos de poder cuidar sus puestos de trabajo - lo que de por sí ya resulta insólito tener que sostenerlo -. Hay, desde luego, otras razones para resguardar el anonimato en las protestas: evitar represalias de otro tenor que el laboral, reivindicando de esta manera la autonomía y la libertad; proteger la integridad física (como los pañuelos para gases); desarrollar alguna identidad colectiva (como las máscaras de Guy Fawkes popularizadas durante las protestas durante el 'Occupy'); en fin, sumarse con ánimo festivo a las mismas "baila Pikachu".

El proyecto de ley que busca castigar como agravante el uso de capuchas u otros elementos análogos, restringirá indebidamente la protección de estos bienes jurídicos. Además de ser una medida que se abre para incentivos policiales perversos, menos se explica existiendo ya la facultad para que Carabineros pueda controlar la identidad a quien "se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad" - actual art. 85 del Código Procesal Penal -.

Domingo Lovera

Profesor de Derecho UDP