Aún resuenan en nuestros oídos las palabras del Presidente Kast en el cierre de la histórica jornada de este 11 de marzo, pronunciadas desde el balcón del Palacio de La Moneda en el marco de lo que el mismo denominó como “una nueva era”.

Uno de los aspectos que merece destacarse de su discurso tiene que ver con la respuesta al clamor de quienes se encontraban esa noche en la Plaza de la Constitución: “auditorías”. El nuevo mandatario respondió “Chile merece conocer la verdad (…) la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó de hacer”.

Esa noche, el Presidente reveló su profunda valoración del nuevo sentido que adquiere la ciudadanía en la democracia contemporánea. Y es que a través del accountability, basado en la rendición de cuentas, la ciudadanía puede realizar un juicio respecto de aquellos en quienes ha depositado su confianza para que conduzcan los asuntos públicos.

Un adecuado accountability exige transparencia y eso es justamente lo que ha prometido el Presidente. No podemos esperar el desarrollo de investigaciones administrativas o criminales, en su caso, para saber si el gobierno que nos ha dejado defraudó la fe de los chilenos. Merecemos saber qué hizo y qué no hizo, pero por, sobre todo, qué se nos pudo haber ocultado reflejando una deficiente gestión gubernamental.

Hay aquí un profundo cambio con el enfoque de la democracia clásica donde el ciudadano se limitaba a participar en los procesos de toma de decisiones emitiendo, esporádicamente, su opinión a través del voto. La democracia contemporánea exige ciudadanos mejor informados y comprometidos activamente con la suerte de los asuntos que conciernen a todos, lo que, ciertamente, supone valorar su participación a través de diversos canales que les permitan convertirse en verdaderos coagentes del Estado.

El ciudadano no tiene hoy una única herramienta para reprobar una gestión gubernamental o parlamentaria defectuosa a través del voto de castigo, sino que puede influir a través de las diversas organizaciones de la sociedad civil para exigir responsabilidades en caso de una mala gestión. Asimismo, puede aportar ideas que permitan superar políticas erróneas o fracasadas. Como plantea la ONU, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la Agenda 2030, debemos impulsar una gobernanza caracterizada por necesarias alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para lograr un desarrollo sostenible.

El gobierno anterior se ha ido rodeado de sombras en cuanto al manejo de los recursos públicos heredando un déficit fiscal que llegó a un 3,6% frente a la meta proyectada del 1,1%. Aún no sabemos, por su parte, que ocurrió con muchos funcionarios que hicieron uso de licencias médicas fraudulentas en perjuicio de las arcas fiscales. Entretanto, la tasa de empleo desde noviembre del 2025 a enero del 2026 alcanzó un 8,3% sin que estén claras las causas de un problema que impacta fuertemente a los hogares chilenos.

¡Chile merece saber la verdad!

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD