Hace más de 10 años que se encuentra vigente la Ley de Transparencia, y aunque su llegada causó un cambio en la forma de entender el acceso a la información, hoy dicha institucionalidad parece dar señales de ralentización, lo que prende las alarmas sobre su necesaria actualización.
La ley es clara sobre lo que debe entenderse por información pública, sin embargo, es el acceso a ella lo que más necesario se hace reformular. El artículo sobre transparencia activa (lo que debe mantenerse a disposición permanente del público) se encuentra superado y no cumple un estándar de acceso. En su lugar, el legislador debería promover niveles de apertura atendiendo a lo mínimo, a lo pertinente, es decir, aquello que dice relación con el servicio respectivo, y a lo voluntario o proactivo, que es la tendencia en el derecho comparado y que no es otra cosa que el compromiso institucional de llevar más transparencia a la ciudadanía.
Hay también desafíos en materia de calidad y apertura de los datos que se entregan. Estos datos se suben a algún portal, pero no tienen las propiedades para ser reutilizados, porque carecen de algún atributo que le da la característica de “dato de calidad”, lo que hace que tenga un destino muy acotado.
Como lo esperable es un reforzamiento, se debe clausurar el debate acerca de los estándares de transparencia de los organismos que gozan de autonomía constitucional, los que solo han implementado una transparencia más bien opaca, si se compara con el estándar que la administración ha desarrollado estos últimos trece años. Estas excepciones han operado demasiado tiempo.
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Otro asunto -para ayer- dice relación con la necesidad de proveer reglas para el cumplimiento de la transparencia algorítmica. Cuando el Estado chileno entrega buena parte de sus prestaciones sociales apoyado en la decisión de un algoritmo, es perentorio que se instalen mecanismos que entreguen a la ciudadanía transparencia significativa y explicabilidad de las razones que llevaron a ese sistema a tomar esa decisión.
No puede quedar afuera el órgano de Transparencia. A la fecha, sus integrantes se encuentran sesionando en el límite inferior de sus capacidades y la norma vigente no establece ningún mecanismo de reemplazo o de designación interina para que el Consejo pueda hacer su trabajo a plena capacidad. Esta es una situación no prevista ni por el legislador en su momento, ni por el proyecto de ley en actual discusión parlamentaria, y se hace necesario contemplarla.
La modernización de las instituciones públicas es una tarea en curso, progresiva y permanente, por lo que es imprescindible que, un organismo que en términos generales funciona bien y que es valioso para la ciudadanía, no pierda relevancia dentro de la contingencia pública ni en la discusión legislativa. Sus autoridades en ejercicio son las primeras llamadas a defender su relevancia; lamentablemente, parece que también ellas están transitando a la velocidad mínima.
Por Danielle Zaror, CEDI-U. de Chile
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