El gobierno de Gabriel Boric ha entrado en un vertiginoso ciclo de pérdida de poder. El Presidente se niega a reconocerlo y ello no hace sino agravar el problema. Un ejemplo es su decisión de esta semana de poner suma urgencia al proyecto de pensiones que no concita acuerdos en la Cámara. Al forzar las cosas, la ministra comunista, Jeannette Jara, pretende emplazar a la oposición más que aprobar un proyecto, que es técnicamente deficiente. La reforma tributaria rechazada en la Cámara se presenta ahora como “pacto fiscal”, aunque en materia de gasto no contempla, que sepamos, disposición alguna para frenar la millonaria exacción de recursos vista en estos días.

En medio de una hemorragia de denuncias, Boric decide crear una comisión “experta” en probidad (anunciada por Camila Vallejo) que estudiaría un nuevo trato con instituciones sin fines de lucro. Más allá de las credenciales de los nominados o la utilidad de su cometido para separar la paja del trigo, se adivina aquí la intención de “socializar las pérdidas” del caso Democracia Viva, que revela una oscura trama de sustracción de recursos fiscales para favorecer al partido Revolución Democrática, cuyas ramificaciones podrían alcanzar a otros políticos de gobierno; 45 fundaciones creadas poco antes que asuma Boric han suscrito contratos con el Estado.

Si el Presidente estudiara la historia de Chile (por ejemplo, a Gonzalo Vial) sabría que en un régimen presidencial cuando un gobierno pierde poder y tiene dificultades para aprobar en el Congreso leyes que le permitan desarrollar su agenda, enfrenta dos opciones: ampliar la coalición gobernante incorporando un nuevo partido político (Jorge Alessandri a los radicales) o realizar un gobierno de administración.

La primera opción ya no existe; el trato de Apruebo Dignidad hacia la Democracia Cristiana enajenó el apoyo de sus adherentes a su directiva obsecuente con el gobierno, hasta el punto que la DC es ya un partido en extinción. El llamado socialismo democrático ya está adentro del gobierno y hoy sostiene la estantería.

¿Qué hace un gobierno de administración? Lo primero es renunciar a su programa aceptando que no tiene apoyo en el Congreso ni en la ciudadanía para hacer cambios relevantes en la sociedad. Segundo, trata de atender las prioridades de la gente, para evitar una crisis mayor que amenace la paz social. No hay mucha opción: debe reforzar la seguridad pública, resistiendo la presión comunista por paralizar la agenda ya acordada con los líderes del Congreso y reactivar la economía con concesiones de infraestructura y un plan de vivienda que construya casas y no financie a los amigos.

Así, como lo dijo Óscar Guillermo Garretón en estas mismas páginas, este gobierno que ya no será transformador del presente, podría serlo del futuro con un pacto para recuperar la dignidad de la política.

Por Luis Larraín, presidente Conselo Asesor Libertad y Desarrollo