Columna de Tomás Jordán: El informe del Pnud y las razones del fracaso constitucional

El 4 de septiembre fue la fecha del aniversario del triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional 2022. Las razones habituales que se dan sobre el fracaso de la Convención Constitucional se vinculan a la excesiva política identitaria, la aprobación de normas que generaron miedos transversales o simplemente contraculturales.

Todo lo anterior es cierto, pero la pregunta es cómo llegamos a eso en 2022 y, seguidamente, en 2023. Los actores políticos se han quedado en la alta estridencia, sin pretensiones de contestar el por qué. Si nos detenemos un poco, la respuesta parece estar cerca si leemos el Informe de Desarrollo Humano 2024, publicado hace unas semanas.

Según el estudio, la política chilena está caracterizada por una creciente polarización y sostenida en posiciones dicotómicas. La política es de extremos, que operan como trincheras, produciéndose la negación del adversario. Uno de los dilemas que representa esto fue, y es, la disputa en torno al Estado y mercado, asunto que se expresó con nitidez en la pugna entre Estado subsidiario/Estado social, representando la tensión entre la intervención del Estado y provisión privada en materia de derechos sociales.

Un segundo asunto que revela el Informe es la incapacidad del sistema político de procesar demandas altamente esperadas por las personas (salud, pensiones y Constitución). El sistema político viene funcionando con lógicas obstruccionistas, bajo formas de incomunicación, bloqueos y revanchas políticas. No hay mirada de futuro por parte de la política. Aquí hay que detenerse. Los procesos de cambio constitucional de 2022 y 2023, como el actual Congreso, tuvieron y tienen integraciones y mayorías disímiles, de modo que esta lógica de traba y bloqueo (Figueroa, Eyzaguirre, Jordán) es parte estructural del sistema político, más allá de las reglas institucionales concretas de cada órgano y proceso.

Lo anterior produce una distancia entre élites y ciudadanía, pero esto no solo se queda en la desconfianza o la percepción de deudas pendientes, sino en lo que el informe llama la «villanización», siendo los políticos (y también los empresarios) los culpables de su situación. Los políticos piensan en sus intereses electorales, en desmedro del bienestar general. Esta particularización se expresa en su falta de voluntad de llegar acuerdos, interfiriendo y trabando cualquier iniciativa del otro. Esta villanización lleva al castigo de esa élite incumplidora.

En este escenario aparece la cuestión principal del Informe desde la perspectiva política: el 44% de las personas buscan cambios graduales. Es más, un 71% de la ciudadanía está disponible a asumir ciertos costos por los cambios, siempre que sean profundos y graduales y, un 58% prefiere a líderes capaces de alcanzar consensos versus un 38% que prefiere líderes confrontacionales.

El problema, aplicado todo ello a la Convención 2022 (y a la de 2023), es que se hizo todo lo contrario. No hubo capacidad de observar el nivel de polarización de las posiciones políticas, asunto mezclado con la volatilidad del voto por el castigo a elites incumplidoras. La construcción de acuerdos en un escenario polarizado no tuvo espacio ni podía tenerlo, sobre todo en un sistema que opera para vencer al rival, con líderes impacientes, sin voluntad ni entendimiento profundo de largo plazo, donde el líder confrontacional fue más rendidor electoralmente. En fin, sin un cambio en cómo opera el sistema político, seguiremos rebotando una y otra vez.

Por Tomás Jordán, abogado constitucionalista.