Hace casi dos años participé de un hito que no se ha repetido durante el actual gobierno y que parece impensado por estos días: todos los partidos políticos con representación parlamentaria suscribían las bases para la instalación de una comisión que abordaría el conflicto histórico del Estado con el pueblo mapuche. Ese día parecía que por fin la clase política chilena entendía que este tema debía ser abordado como lo que es, un tema político y no de asistencia social. Se instaló la Comisión para la Paz y el Entendimiento generando altas expectativas y cuyo informe y propuestas hemos conocido esta semana.

Como instancia que buscó discutir el conflicto histórico que ha afectado al pueblo mapuche, solo corresponde valorar el esfuerzo y trabajo desplegado. El informe da cuenta de un ejercicio serio de sistematizar y ordenar la información relativa a la situación de las tierras mapuche dispersa en la institucionalidad estatal.

En cuanto al abordaje político de la problemática, el informe se queda chico. Lo primero que se observa es que gran parte de la discusión y propuestas se centran en el problema de las comunidades que han iniciado el procedimiento de reconocimiento de pérdida territorial en el sistema de Conadi.

Pareciera instalarse la idea de que el principal problema es solo la compra de tierras y las comunidades allí presentes. Sin embargo, el tema es mucho más profundo y estructural: se trata de la exclusión, de la negacion, de la desigualdad, de la no representación del pueblo mapuche en su conjunto. El real problema político es la negación de un pueblo que existe y que tiene derechos. ¿Es necesario abordar el problema de tierras?, sí, obviamente, puesto que el sistema actual es un caldo de cultivo para el descontento social y la comisión presenta una propuesta; pero creer que resuelve la situación es nuevamente desconocer lo político del conflicto.

Por otro lado, la propuesta implica sí o sí modificar la Ley Indígena y el sistema de protección de las tierras, un anhelo de la multigremial de la Araucanía; y liberalizar las tierras en nombre de la paz y el entendimiento abre la puerta al único mecanismo que ha permitido resguardar lo poco que le quedó al pueblo mapuche luego de la incursión militar chilena a su territorio. Ya un gobierno lo intentó y sufrió un rotundo fracaso, lo que puede augurarse sucederá nuevamente si no se ofrecen garantías o actos de confianza para sentarse a discutir.

Por supuesto, esto último de la participación que da cuenta el informe es otro punto a valorar, pero ella no debe ser argumento para suplir la falta de contraparte política mapuche que tuvo el proceso, así como que las recomendaciones aún son ajenas para el pueblo y que no se sienten propias. La falta de contrapeso mapuche en las recomendaciones será sin duda un muro que sortear, sobre todo porque las discusiones legales nuevamente serán sin representación política mapuche, tal como lo fue hace más de 30 años con la tijeretada Ley Indígena.

Finalmente, lo que se inició como un gran acuerdo político se ha diluido con la entrega de propuestas en las que el sector conservador, imagino embobado por el ámbiente eleccionario, nuevamente se niega a avanzar, incluso en un traje corto como este. Las cartas estan echadas, veremos si la clase política da el ancho.

Por Rosa Catrileo, abogada, exdirectora de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas