SEÑOR DIRECTOR:
En relación con las medidas de gobierno para mejorar la seguridad ciudadana, es que asombra el acápite dedicado a la desarticulación de bandas criminales: casi en dos años, se habrían desarticulado 2.951 bandas, cifra que en el año 2023 aumentó en un 9% respecto del año anterior.
Sin embargo, la estadística levantada por Gendarmería señala que hay 1.282 bandas criminales operativas dentro de los recintos penitenciarios nacionales. Haciendo un ejercicio de compensación matemática, corresponde a un poco menos de la mitad de las desarticuladas en el medio libre, lo que es profundamente llamativo en términos de la capacidad de adaptación de las bandas en contextos privados de libertad. Ello permite también inferir, en consecuencia, que existen grandes brechas de control intrapenitenciario, lo que amerita una revisión crítica acerca de las actividades que allí ocurren.
La flexibilidad y capacidad de colaboración permiten dar continuidad al giro del delito, incluyendo modalidades transfronterizas y tecnológicas, pero también la agudización del control de espacios significativos para sus operaciones.
Quizás sea hora también de dejar de observar a las bandas como un modelo a desarticular fisiológicamente, sino visualizarlas como un verdadero establecimiento de comercio: mientras exista el giro para explotar y la necesidad de proveer una demanda ilícita, debemos mirar a las personas privadas (o por privar) de libertad, pero también a toda la cadena de suministro que también se puede esconder en fachadas de legalidad. No solo al traficante, sino también al proveedor de precursores, el de la cadena de transporte, al dueño del medio de transporte y sus clientes habituales. O sea, una lectura 360 del delito.
Elizabeth Muñoz Gárate
Abogada penalista Proyecto 360 de Prevención Criminal
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