SEÑOR DIRECTOR:

La publicación de la Ley 21.634, que moderniza el sistema de compras públicas, es un hito histórico en los 20 años de historia que lleva este sistema, y una excelente noticia para el país, sus empresas -sobre todo pymes- y todos los ciudadanos que quieran hacer negocios con el Estado.

En efecto, la ley nivela la cancha para que pymes compitan en igualdad de condiciones con empresas consolidadas y de gran tamaño, obligando al Estado a establecer criterios de adjudicación que representen a grupos subrepresentados, que promuevan la equidad de género o la identificación local de los potenciales licitantes. Un impacto pocas veces visto para un cuerpo legal.

Pero la ley no se queda ahí, porque eleva los estándares de probidad y transparencia, estableciendo causales de abstención, la obligación de declarar conflictos de interés e incluso regula la eventual nulidad del contrato ante la vulneración del principio de probidad.

Otra materia relevante es la ampliación de las competencias del Tribunal de Contratación Pública para conocer la etapa de cumplimiento de los contratos, y no solo hasta la adjudicación del mismo, como ocurría antes. Ello evitará que se generen sentencias contradictorias de los tribunales de justicia.

Sin duda, esta ley implica un enorme avance. Ahora solo queda esperar la dictación de su reglamento para que comience un nuevo rumbo en las licitaciones públicas.

Juan Carlos Flores

Profesor de Derecho Administrativo de la U. Andes, socio de Abogabir Miranda